Con la ausencia de los presidentes de la Mesa Directiva y la Comisión de Hacienda del Congreso local,, los diputados de Morena, PT, MC, PRD, PSD y PANAL, dictaminaron y aprobaron el Paquete Presupuestal 2019 que contempla un gasto de casi 27 mil millones de pesos.
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En tanto, el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, informó que el Poder Ejecutivo analizará a fondo las modificaciones que se hayan realizado a la iniciativa y, en su caso, podrían hacer observaciones e incluso, preferir trabajar con el presupuesto aprobado para 2018.
Señaló que el gobernador Cuauhtémoc Blanco tiene 10 días para analizar las modificaciones realizadas y, en caso de considerarlo, promover un veto.
La accidentada aprobación
Durante la madrugada de este miércoles, el autodenominado G-15 se impuso a los diputados que integran los grupos parlamentarios del PES-PRI-PAN que defendían la aprobación íntegra de la propuesta hecha por el gobernador, que al final fue rechazada.
La aprobación del paquete económico llegó casi tres semanas después de haber sido presentado por el Ejecutivo estatal, y que según la ley, debió ser votado desde el pasado 31 de diciembre, sin embargo, y ante la falta de acuerdos, los diputados encontraron en la figura de los recesos legislativos la manera de extender una sesión iniciada el último día de 2018.
Durante el reinicio de la sesión anoche, el enfrentamiento entre los grupos que defendían posiciones en el Congreso local, fue más evidente, particularmente entre los legisladores del PT, Tania Valentina Rodríguez y José Casas, quienes acusaron a la presidenta de la Comisión de Hacienda, la priista Rosalinda Mazari, de trabajar para el gobernador Cuauhtémoc Blanco.
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Mazari fue responsabilizada del retardo en la aprobación del presupuesto, debido a su afán de impulsar de forma integra la propuesta del Ejecutivo que proponía un reemplacamiento, concesionar a un particular la gestión de la basura en los 33 municipios, sin tomar en cuenta a los Ayuntamientos, y aumentar el presupuesto a varias dependencias, entre ellas, la oficina de la gubernatura.
La legisladora del PRI fue señalada abiertamente de recibir trato preferencial del Ejecutivo estatal para colocar a sus familiares en el gobierno, como fue el reciente nombramiento de su hermano como rector en la Universidad Politécnica.
El resto de los diputados pidieron que ya se realizará un dictamen de la propuesta legislativa, con o sin la presencia de la comisión de Hacienda, y que esa misma noche se aprobara el paquete.
La mayoría legislativa del G-15 obligó a que se iniciará un receso y que en comisiones se realizara el dictamen correspondiente, sin la presencia del PRI. El reinicio de la sesión se realizó sin la convocatoria del presidente de la Mesa, Alfonso Sotelo, quien tampoco asistió a la sesión al ser parte del grupo que no consintieron las modificaciones propuestas por el G-15.
Acusaciones son ilegales, acusa PRI
La presidenta de la comisión de Hacienda, del Congreso local, la diputada de la fracción parlamentaria del PRI, Rosalina Mazari Espín reiteró que las actuaciones realizadas “por un grupo de 15 diputados” son “totalmente ilegales”.
Argumentó que quien debe convocar a las reuniones de la Comisión de Hacienda es ella, en su calidad de presidenta de la comisión de acuerdo con el artículo 53 del Reglamento del Congreso del estado que en su fracción I establece como atribución del Presidente de una Comisión o Comité, “convocar a las reuniones de trabajo, presidirlas y conducirlas”, por lo que advirtió que el gobernador Cuauhtémoc Blanco podría vetar lo aprobado.
RLO