M+.- En los últimos 12 años, alumnos y exalumnos convirtieron escuelas públicas y privadas del país en escenarios de ataques que dejaron 16 muertos y 24 heridos en 15 episodios, de los cuales en el 40 por ciento se usaron armas de fuego, incluso un fusil AR-15, de acuerdo con un recuento hemerográfico.
Ante estos episodios, el gobierno federal impulsó medidas de prevención de la violencia escolar, atención a la salud mental y detección de conductas de riesgo, además de anunciar nuevas disposiciones para obligar a las plataformas digitales a identificar y retirar contenidos que promuevan agresiones, amenazas y conductas violentas entre menores de edad.
Un conteo realizado por MILENIO identificó hechos ocurridos entre 2014 y 2026, protagonizados principalmente por menores de edad, algunos de apenas 11 años, aunque también se documentaron agresiones cometidas por jóvenes de entre 18 y 20 años.
En seis de los episodios con víctimas mortales se utilizaron armas de fuego, incluido un fusil AR-15 calibre 5.56 milímetros, mientras que en otros se emplearon armas blancas, instrumentos punzocortantes y objetos contundentes.
El recuento también incluyó un incidente con un arma hechiza en forma de bolígrafo calibre .22, cuya detonación fue considerada presuntamente accidental.
De las 16 personas fallecidas contabilizadas en la investigación, tres fueron los propios agresores, quienes se quitaron la vida después de cometer las agresiones.
Dos se quitaron la vida dentro de los planteles donde perpetraron los ataques y un tercero falleció posteriormente en prisión, mientras cumplía sentencia, de acuerdo con el recuento.
Las otras 13 víctimas mortales fueron alumnos o integrantes del personal escolar, entre ellos docentes, directivos y trabajadores administrativos.
Coahuila concentró el mayor número de casos identificados, con tres; seguida del Estado de México, Jalisco y Querétaro, con dos cada uno. La Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla y Sinaloa registraron un episodio por entidad.
Aunque los hechos ocurrieron en distintos momentos y circunstancias, tuvieron como elemento común la participación de estudiantes o exalumnos y la presencia de armas u otros instrumentos utilizados para causar lesiones o la muerte dentro de los planteles.
Sin embargo, no todos los episodios respondieron a la misma dinámica: algunos fueron ataques deliberados contra integrantes de las comunidades escolares, otros derivaron de conflictos entre alumnos y uno fue considerado presuntamente accidental.
Prevención y salud mental, la respuesta federal
Frente a estos episodios, el gobierno federal impulsó medidas orientadas a prevenir la violencia, atender problemas de salud mental y detectar conductas de riesgo entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Entre ellas figuró la Estrategia Nacional por la Paz y contra las Adicciones, dirigida a promover hábitos saludables y prevenir el consumo de sustancias mediante acciones de orientación y acompañamiento.
De acuerdo con cifras del gobierno federal, en el marco de las acciones preventivas desarrolladas entre septiembre de 2025 y junio de 2026, casi 154 mil jóvenes participaron en actividades de prevención, mientras que 4 mil 805 fueron canalizados a servicios especializados de atención.
A estas acciones se sumó, en abril de 2026, la presentación de la estrategia de atención a la salud mental denominada ABC de las Emociones, orientada a fortalecer las habilidades socioemocionales, las redes de apoyo y la construcción de entornos escolares saludables.
Luego de los incidentes ocurridos el 30 de septiembre en Querétaro y el 1 de octubre en Coahuila, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció el reforzamiento de las acciones preventivas mediante el diálogo directo entre docentes y estudiantes, la participación de las familias y la construcción de vínculos de confianza que permitan identificar oportunamente situaciones de riesgo.
El 2 de octubre, la administración federal también anunció la integración de un grupo de trabajo interinstitucional, con participación de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Educación Pública, la Consejería Jurídica, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, entre otras instancias.
Como parte de estas medidas, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum planteó incorporar buzones confidenciales en los planteles para facilitar la detección temprana de conductas preocupantes y situaciones de riesgo.
En materia de atención psicológica, la Línea de la Vida, servicio de orientación que opera desde 1999, reportó más de 174 mil orientaciones durante el periodo referido, con apoyo de canales digitales.
No obstante, las cifras de participación, orientación y canalización no permitieron establecer cuántos episodios de violencia escolar se evitaron ni medir directamente la efectividad de estas intervenciones frente a agresiones graves.
Redes sociales bajo vigilancia
Ante la preocupación por la difusión de mensajes de odio, amenazas y contenidos que promueven conductas violentas entre menores de edad, la respuesta gubernamental también alcanzó a las plataformas digitales.
El 9 de octubre, se presentó un proyecto de decreto dirigido a establecer obligaciones para las plataformas digitales en materia de protección de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta contempló mecanismos para detectar, reportar y retirar contenidos relacionados con el extremismo violento, el acoso escolar, las autolesiones, el suicidio, la violencia sexual y otras conductas que representaran riesgos para los menores.
Sheinbaum anunció que el decreto sería publicado durante la semana siguiente, mientras que su contenido definitivo y los mecanismos concretos de aplicación quedarían sujetos al texto que apareciera en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La iniciativa surgió después de que se identificó la necesidad de fortalecer la detección de contenidos y conductas que pudieran derivar en situaciones de violencia en las comunidades escolares.
Las obligaciones de las escuelas
Desde diciembre de 2023, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió los Lineamientos para el Protocolo de Erradicación del Acoso Escolar en Educación Básica, que establecieron procedimientos para prevenir, detectar, notificar, atender y dar seguimiento a los casos de acoso.
Este instrumento contempló además medidas de no repetición y mecanismos de coordinación entre autoridades educativas locales y federales.
En su artículo 43 estableció disposiciones relacionadas con la participación de las autoridades educativas locales en el registro y seguimiento de quejas, denuncias, casos identificados, asuntos atendidos y situaciones que requirieron canalización.
Los lineamientos también previeron mecanismos de recopilación y monitoreo de información para identificar las causas del acoso escolar y diseñar estrategias de intervención.
Sin embargo, este marco normativo se concentró en la prevención y atención del acoso escolar, por lo que no constituyó por sí mismo un protocolo específico para todos los ataques armados o agresiones graves registrados dentro de los planteles.
¿Qué pasa cuando el agresor es menor de edad?
Las consecuencias jurídicas de estos ataques dependen de la edad de los responsables y de las circunstancias de cada caso.
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece un régimen especial para quienes tienen entre 12 y menos de 18 años al momento de cometer un delito.
Los menores de 12 años no son sujetos de responsabilidad penal bajo este sistema. En esos casos corresponde la intervención de las autoridades de protección de niñas, niños y adolescentes, cuya función no es imponer sanciones penales, sino proteger y restituir derechos.
De acuerdo con el artículo 145 de la legislación, las medidas de sanción para adolescentes menores de 14 años no pueden ser privativas de la libertad.
Para quienes tienen entre 14 años cumplidos y menos de 16, la duración máxima del internamiento es de tres años, mientras que para los adolescentes de entre 16 y menos de 18 años el límite es de cinco años.
La legislación reserva el internamiento como una medida extrema y para los supuestos expresamente previstos, entre ellos delitos como homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas y determinadas conductas relacionadas con armas de fuego y delitos contra la salud, conforme a los requisitos establecidos en la propia ley.
A diferencia de la justicia penal para adultos, el sistema especializado para adolescentes contempla medidas socioeducativas, mecanismos de justicia restaurativa y restricciones específicas a la privación de la libertad.
Uno de los casos más graves ocurrió el 24 de marzo de 2026, cuando un estudiante de 15 años ingresó con un fusil AR-15 a la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y asesinó a dos profesoras.
El 17 de julio, mediante un procedimiento abreviado, un juez especializado lo sentenció a tres años de internamiento, la duración máxima aplicable a su grupo de edad, y fijó una reparación del daño por 3 millones 280 mil 769.07 pesos a favor de las víctimas indirectas.
El caso exhibió las diferencias entre las sanciones previstas para adolescentes y adultos, incluso cuando se trató de delitos que ocasionaron la muerte de varias personas.
De acuerdo con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley 2026 (Epacol), del Imegi, durante 2024 se registraron 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito.
El organismo también reportó 27 mil 912 víctimas registradas en carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes.
Al cierre de ese año, 4 mil 95 adolescentes cumplían alguna medida de sanción. De ellos, el 64.3 por ciento tenía medidas no privativas de la libertad y el 35.7 por ciento cumplía medidas privativas o restrictivas.