La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que al menos 21 gobiernos estatales concentraron irregularidades en el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), que suman casi 458 millones de pesos.
De acuerdo con el primer informe de revisión a la Cuenta Pública 2023, el presunto daño patrimonial a dicho fondo se cometió durante ese año por parte de los gobiernos de:
- Aguascalientes
- Baja California
- Chiapas
- Chihuahua
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Guerrero
- Jalisco
- Estado de México
- Michoacán
- Morelos
- Nuevo León
- Puebla
- Quintana Roo
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Zacatecas
Estados con mayor cifra de irregularidades
El estado de Guerrero es el que concentra las cifras más altas de irregularidades, con 148.8 millones de pesos.
El FAETA concentra recursos federales que se reparten a los estados para coadyuvar a fortalecer a sus presupuestos con el objetivo de prestar servicios de calidad en educación tecnológica y educación para adultos, a cargo de los gobiernos estatales.
Después de Guerrero, el estado donde más irregularidades se encontraron fue Veracruz, con 73.2 millones de pesos que debe devolver al erario; le sigue Chihuahua, con 44.7 millones de pesos; el Estado de México, con 38.8 millones de pesos; Chiapas, con 32.9 millones de pesos; Michoacán, con 16.4 millones de pesos; Tamaulipas, con 14.8 millones de pesos; Sonora con 11.9 millones de pesos; Morelos, con 11.4 millones de pesos.
¿Qué irregularidades detectaron?
Las irregularidades detectadas por la ASF en las revisiones a los estados, por las que se hicieron pagos en exceso, coinciden en plazas de maestros no autorizadas:
- Prestaciones, como pagos de fin de año que no fueron aprobadas
- Pagos a personas que no cumplían con los perfiles requeridos para ser contratados como profesores
- Sueldos y compensaciones excesivas
- Pagos indebidos a profesores que no se presentaron a trabajar
- Pagos a supuestos profesores sin contratos
- Pagos a personal que ya había sido dado de baja
- Reparto de tarjetas de vales a profesores sin documentación que lo acredite.
- Pagos indebidos a proveedores por supuestos arrendamientos de computadoras
- Equipo tecnológico del que no hay evidencia que se haya entregado
- Supuestos trabajos de mantenimiento en planteles sin comprobantes de su realización
- Boletos de avión para viajes de profesores a actos a los que no se acreditó su asistencia
- Supuestas auditorías externas o servicios de contabilidad de los que no hay evidencia
- El arrendamiento de equipo de transporte para servicios
- Operación de programas públicos de los cuales no se acreditó la prestación de los servicios
- Entre otros.
Los casi 458 millones de pesos son considerados por la ASF como un presunto daño patrimonial, por lo que las entidades fiscalizadas todavía tienen la oportunidad de comprobar, en los próximos meses, la aplicación de esos recursos; de lo contrario, la Auditoría podría presentar denuncias penales.
MO