Representantes de la iniciativa privada, entre ellos el Presidente Nacional de Canacintra, Enoch Castellanos, condenaron la regularización de autos chocolate, al mencionar que se debe trabajar desde la raíz de esta problemática e impedir el ingreso de las unidades de manera irregular al país.
Dijo que "se le debe nombrar como es, contrabando", lo que afectará primeramente a los distribuidores del sector automotriz; añadió que se quiere justificar por un tema de seguridad, pero lo que se debió hacer es retirar los autos que ya existen y que se han utilizado para llevar a cabo algunos ilícitos, como lo hizo ya en su momento Coahuila.
Indicó que se favorecería más mejorar el transporte público para la gente de menos recursos, pero en cambio "se ve aquí el corte populista del actual gobierno", aunque reconoció que esto ha sido cíclico con gobiernos de todos los partidos políticos con miras a obtener votos.
“Tú tienes una actividad formal, pagas impuestos y tienes a trabajadores con todas sus prestaciones, y de repente llega alguien que vende lo mismo que tu pero no paga nada, lo importa de manera ilegal al país y lo vende a costos infinitamente menores que no van a generar una fuente de trabajo pero que impacta el mercado de autos usados porque aunque se haya hecho el decreto para la zona fronteriza sabemos que se hace un intercambio con el resto de las entidades del país”, expuso.
Raúl Garza de la Peña, Secretario de la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste, indicó que si bien es preferible tenerlos regularizados para que estén en un padrón, eso no quita que estos vehículos fueron introducidos al país de manera ilegal, lo que es recurrente en todos los sexenios “lo que yo creo ahí es no permitir la entrada, porque las autoridades federales son las responsables de las aduanas y de alguna manera esos vehículos entraron, no sé si a través de corrupción”.
Reconoció que los 2 mil 500 pesos que pagarán por unidad se quedarán en las entidades para programas de bacheo, además de que pagarán derechos de control vehicular, pero resaltó que no es posible continuar cada administración con la complacencia de permitir el ingreso ilegal de estas unidades y posteriormente regularizarlas.
El expresidente de la Canacintra Región Sureste, Everardo Padilla Flores, señaló que la afectaciones a la economía del país por el ingreso de esta cantidad de vehículos es una realidad, aunque reconoció que también debe observarse la situación de inseguridad que se genera con unidades que no están registradas y de las que se desconoce su existencia y propietarios.
“Desgraciadamente es un mal que ahí tenemos y que debemos enfrentarlo de la manera más inteligente posible, hoy los distribuidores de carros tienen que enfrentar aparte de la adversidad y la pandemia esta realidad, que seguramente les va a afectar en su mercado”.
EGO