Con 44 votos a favor, el Congreso de Guerrero avaló la Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública enviada por el Senado de la República, con la perspectiva de fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
La tarde del martes 26 de junio, el pleno de la 64 Legislatura local desahogó el dictamen presentado por la comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, presidida por la diputada local de Morena Gloria Citlali Calixto Jiménez.
En tribuna, la diputada Calixto Jiménez refirió que el artículo 21 constitucional fue avalado por los integrantes de la comisión dictaminadora en todos sus términos, pues representa la base para mejorar de manera sustancial la estrategia que se implementa en materia de Seguridad Pública.
Indicó que la intención de fondo, es eliminar las fallas estructurales que prevalecen en el seno de las corporaciones policíacas, pues impulsa la coordinación de competencias y fortalece temas como la eficiencia, transparencia y responsabilidad.
En el fondo, destacó que se busca mejorar la capacidad de fortalecer al Estado Mexicano ante el crimen, pues se facilita la coordinación entre las fiscalías locales y las corporaciones policíacas.
Las modificaciones a la Constitución, refirió que permiten la recopilación de información y el uso de inteligencia, pues se podrán proporcionar al Ministerio Público mayores elementos para incrementar su eficacia, con la intención de judicializar adecuadamente los casos y obtener mayores sentencias condenatorias.
La única diputada local del PAN, Irene Montiel sostuvo que su partido decidió respaldar la reforma enviada por el Senado, pues en Guerrero se tiene muy claro lo que significa enfrentar la inseguridad y la violencia que roba vidas, trunca sueños y destroza ilusiones.
Con el aval a la reforma constitucional, dijo que no habrá más excusas para demostrar que se puede frenar al crimen.
Recordó que las cifras de violencia que se manejan actualmente son “brutales” y recordó que lo aprobado, de ninguna manera representa un cheque en blanco.
A nombre del Movimiento Ciudadano hizo uso de la palabra la diputada Erika Lursh Cortés, que entre otras cosas, dijo que la reforma retoma el planteamiento de mantener el control de los trabajos en materia de seguridad pública en mandos civiles.
Recordó que hay observaciones que se deben hacer, tomando en cuenta lo relacionado con la necesidad de que haya claridad en el uso de recursos públicos, no se deben
duplicar funciones con la Sedena y la Guardia Nacional (GN) y tampoco se debe avanzar en la ruta de la militarización de las tareas de prevención del delito.
Leticia Mosso, a nombre del PT consideró viable otorgar más facultades a la SSP-federal, en tanto que el coordinador del PRD, Robell Uriostegui Patiño consideró prioritario el reconocimiento de replantear la estrategia en materia de inseguridad pública.
A nombre del PVEM y en favor de la reforma habló Arturo Álvarez Angli, manifestando que la seguridad es un desafío que compete a todos.
Alejandro Bravo Abarca, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, recordó que en la administración federal pasada se registraron casi 200 mil homicidios, cifra que rebasó por mucho al gobierno de Enrique Peña Nieto, comprendido de 2012 a 2018.
“Eso refleja que había una estrategia fallida en seguridad y queda claro que necesitamos más reformas, no sólo está, aunque ya se obliga a las autoridades que tienen la obligación a entregar resultados”, anotó.
El morenista Joaquín Badillo Escamilla refirió que el titular de SSP, Omar García Harfuch es un mando policíaco que conoce a la entidad, de tal manera que sabe lo que se necesita para aportar mejores resultados en materia de seguridad.
La reforma se aprobó con 44 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, otorgando la unanimidad.
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