La propuesta de Ley de Economía Digital, promovida por el Gobierno Federal, obligará a la población a tramitar tarjetas bancarias de débito con la finalidad de reducir el pago en efectivo de diversos consumos y servicios.
Para el economista lagunero Axel Amarillas, la iniciativa representa un mecanismo de exploración para rastrear los ingresos y gastos de los ciudadanos, facilitando la fiscalización y asegurando que cada eslabón de la cadena productiva cumpla con sus obligaciones fiscales.
“El objetivo es fiscalizar a las personas de la economía informal, que es donde mayormente se utiliza el dinero en efectivo, pues precisamente su uso es lo que facilita la no fiscalización. Por ahí va el punto central de esta iniciativa. Ahorita entra como un análisis exploratorio porque técnicamente la propuesta se enfoca en dos puntos clave: casetas de cobro y gasolineras, buscando que ya no se use efectivo en estos lugares para evaluar si mejora o no la recaudación”, expuso el especialista.
La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera del pasado jueves 24 de septiembre. En su intervención, la mandataria señaló que al asociar la plataforma CoDi a las cuentas bancarias, los usuarios podrán realizar pagos desde sus teléfonos móviles sin recurrir al dinero físico, lo cual abona a la seguridad y eficiencia en el historial de pagos para avanzar hacia la formalización económica.
Un reto considerable
Sin embargo, el reto estructural es considerable: se estima que al menos el 40 por ciento de la población mexicana actualmente no cuenta con una tarjeta bancaria.
Al respecto, el también profesor investigador de la Facultad de Economía destacó que aunque la tendencia del desarrollo económico se encamina hacia la digitalización e inclusión financiera, este proceso enfrenta severas rezagos, particularmente entre los adultos mayores y los habitantes de zonas rurales.
“El Estado mexicano necesita hacerse de recursos sin crear nuevos impuestos, porque ese ha sido el postulado de este y del anterior gobierno; ahí es donde entran en la disyuntiva de cómo fiscalizar. El objetivo va por ahí, pero culturalmente existe una brecha muy grande, sobre todo con las personas de mayor edad. Ellos están acostumbrados a que, aun cuando reciben una pensión o pago en su cuenta, van al banco, retiran la totalidad del efectivo y lo gastan en físico. Es un choque desde el ámbito cultural”, puntualizó.
La falta de cultura financiera entre la población marcará un parteaguas en las discusiones y análisis parlamentarios sobre esta iniciativa, la cual busca transformar radicalmente los movimientos financieros de las familias mexicanas.
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