La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con 22 votos a favor y dos abstenciones el proyecto de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de secreto profesional de los periodistas.
La modificación al artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales incluye como sujetos de “deber de guardar secreto” a los periodistas, al lado de ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación, según las leyes de la materia.
El presidente de la comisión, Felipe Macías, subrayó que el espíritu del dictamen es proteger la labor de los periodistas, evitando que sean sujetos de obligación, de hostigamiento o la obligación de revelar fuentes o contenidos propios de investigaciones periodísticas.
No obstante, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Palacio de San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, advirtió, sin embargo, que la reforma implica hostigar a periodistas con el deber de guardar en secreto nombres, imágenes, grabaciones o vídeos que tengan por su ejercicio profesional.
“Este tipo de deber se contempla actualmente para ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación”, puntualizó el legislador.
En la reunión de la Comisión de Justicia, las diputadas Julieta Mejía y Mirza Flores solicitaron aplazar la votación del dictamen a fin de hacer un análisis más profundo sobre las implicaciones de las reformas.
Las legisladoras de la bancada naranja sostuvieron que no es el Código Penal Federal ni de Procedimientos Penales en donde se debe establecer la “legítima y necesaria” protección a periodistas, sino debe quedar asentada en la Ley Federal de Protección a Periodistas.
“Mientras que el secreto profesional o el derecho de que un periodista no declare sus fuentes, fotografías o videos que obtenga como producto de sus investigaciones, pero que le represente un peligro para el periodista o para su familia, entonces debiera de ser un derecho y no una serie de obligaciones”, expuso Flores.
Macías indicó que los cambios necesarios al dictamen se pueden introducir durante la discusión en el pleno y recordó que todavía falta el consenso en la Junta de Coordinación Política para que sea remitido a la Mesa Directiva.
RM