A 72 horas de que se realice en Baja California la encuesta que legitimaría la modificación legal del Congreso para ampliar el periodo de gobierno, de dos a cinco años, de Jaime Bonilla Valdez, no hay información de cuántas casillas se instalarán, se ignora la logística de la jornada o bien la pregunta que se le hará a la ciudadanía.
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En los medios de información electrónicos ni en la prensa escrita se da cuenta de los pormenores de la consulta, lo único que se sabe es que los 17 legisladores locales de Morena y otros más federales auspiciarán el ejercicio, aunque sin revelar a qué empresa encargarán el seguimiento, los resultados y el precio de la prestación de servicios.
MILENIO quiso contactar al gobernador electo, Jaime Bonilla, pero su personal de Comunicación Social lo deslindó de la consulta y señaló que era un tema legislativo, mientras que los diputados se negaron a dar los pormenores.
Ayer, representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calificaron de ilegal y antidemocrático el proceso y negaron participar en él, ya que “el pasado 1 de junio elegimos con los bajacalifornianos a nuestro gobernador y el periodo de tiempo por el que sería”.
En entrevista con MILENIO, el representante de la iniciativa privada en Tijuana, Roberto Rosas Jiménez, indicó que este tipo de procesos que violan la ley frenan inversiones y proyectos del extranjero en nuestro país.
“Se han detenido las inversiones aquí. Somos del sector de la maquila y obviamente son empresas extranjeras, hay gente que traería platas o fábricas y ya no vendrían por la incertidumbre generada por la consulta”, dijo.
Afirmó que de consumarse la ampliación de mandato de Bonilla Valdez de dos a cinco años, será un mensaje negativo para el país, porque “con cualquier consulta patito se puede detener o avalar un proyecto”.
“Él mencionó a viva voz que sería respetuoso de la ley, y hasta ahorita no hemos visto su decir con su actuar”, expresó.
Reiteró que para la Coparmex la consulta está fuera del marco legal, porque “es antidemocrática y plagada de irregularidades”, además de que cuestionó que los legisladores destinen recursos de su dieta para realizar un sondeo fuera de su ámbito constitucional.
RLO