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Blindan elecciones de Guerrero: IEPC revisará que candidatos no tengan sentencias por delitos dolosos

Los convenios con el Poder Judicial permitirán detectar a aspirantes inscritos en el padrón de deudores alimentarios o con sentencias firmes por violencia familiar, delitos sexuales y otros ilícitos.

Los acuerdos fueron formalizados por Anacleta López Vega, Luz Fabiola Matildes Gama y Ricardo Salinas Sandoval. | Foto: Especial
Flor Miranda Mayo
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Deudores alimentarios morosos y personas con sentencias firmes por delitos dolosos no podrán pasar inadvertidos en el registro de candidaturas para las elecciones de 2027 en Guerrero. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC), el Poder Judicial y el Gobierno estatal acordaron intercambiar información para verificar que quienes busquen un cargo de elección popular cumplan con los requisitos de elegibilidad.

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El procedimiento para la revisión de antecedentes

A menos de siete meses de que inicie la jornada electoral, las tres instituciones firmaron dos convenios de colaboración que permitirán revisar los antecedentes de quienes soliciten su registro como candidatos a la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos.

Uno de los acuerdos establece que el IEPC podrá consultar el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, con información que proporcionará el Poder Judicial y actualizará el Registro Civil, para identificar a quienes incumplen sus obligaciones de manutención.

El segundo convenio permitirá conocer si los aspirantes cuentan con sentencias penales firmes por delitos dolosos relacionados con la vida, la integridad corporal, la libertad sexual, violencia familiar y discriminación, entre otros.

La medida busca impedir que personas que se encuentren en estos supuestos legales accedan a candidaturas y, posteriormente, a cargos públicos mediante el voto ciudadano.

Los acuerdos fueron formalizados por la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; la consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval, con la participación de Rogelio Torres Marino, representante de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil.

Durante el encuentro, Matildes Gama sostuvo que estos mecanismos también representan una protección para niñas, niños y adolescentes, así como para las personas acreedoras alimentarias, al evitar que quienes incumplen con sus responsabilidades puedan acceder a puestos de representación popular.

Por su parte, Salinas Sandoval afirmó que la justicia también requiere coordinación entre instituciones y advirtió que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias debe tener consecuencias, debido a las afectaciones que genera en las familias y, particularmente, en la niñez.

Los convenios tienen sustento en la reforma constitucional de mayo de 2023 al artículo 38, fracción VII, y en las modificaciones a la legislación electoral.

Los mecanismos se aplicarán durante el proceso electoral 2026-2027, en el que Guerrero renovará la gubernatura, el Congreso local y los 83 ayuntamientos. La jornada electoral está prevista para el 6 de junio de 2027.

Con estos acuerdos, las autoridades electorales y judiciales buscan cerrar el paso a candidaturas que incumplan las condiciones legales de elegibilidad, mediante la revisión de información oficial antes de aprobar los registros.

AH

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