Los policías comunitarios de Dos Ríos acusados de retener a la familia de Angélica —la menor vendida para contraer matrimonio en el municipio guerrerense de Cochoapa El Grande— se dicen inocentes y víctima de calumnias, niegan haber encarcelado a la niña durante 10 días o haber golpeado a su madre propiciándole un aborto, y piden a la gobernadora Evelyn Salgado y al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervengan en el caso.
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Desde su celda, donde permanecen bajo arresto por desacato a las reglas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Carlos Martínez Cano y Daniel Alberto Jacinto acceden a conversar con MILENIO. Sus declaraciones son el primer testimonio público que dan los policías sobre lo sucedido el 30 de septiembre en una comunidad donde rigen los usos y costumbres, y sobre un conflicto que se detonó por un préstamo entre compadres.
La versión vertida por los policías comunitarios, contradice la información narrada a MILENIO por la misma menor Angélica, por su madre Concepción, su padre Juan Manuel y de su tía-abuela Petra Martínez Vázquez, a quienes acusan de estar mintiendo y de difamar a las policías comunitarias para eludir las responsabilidades por la compra-venta de la menor hace cuatro años, así como por un préstamo de 22 mil pesos originados meses atrás.
Además, exigen a la familia retirar la denuncia interpuesta ante la fiscalía con carpeta de investigación 12160670100409091021, presentar pruebas de la violencia de la dijeron habrían sido víctimas, y de encontrarse culpables —reconocen— aceptarán su condena. A la a fiscalía del estado, le exigen hacer una investigación sobre lo sucedido, pues incluso temen salir de la misma celda y ser acusados por trata de personas.
De acuerdo con Carlos Martínez, los comunitarios de Dos Ríos intervinieron ante una petición expresa de la casa de Joya Real, y habrían sido las mismas familias quiénes solicitaron su intervención, pues se negaron. El conflicto se habría detonado por un préstamo de dinero que habría solicitado el padre de Angélica, y jamás por un asunto de violación, o violencia contra la familia.
“Es culpa de él porque, el pidió dinero a su compadre y ahí debía 15 mil y su compadre porque el también ocupa dinero, y ahí empezó el problema. Y pasó dos meses… ahí ya no sé cómo fueron… y vino Rutilio, ahí ya tocó con nosotros. Su papá, de la muchacha no respetó al comisario, ni doña Petra, ni Juan Manuel no respetaron a la autoridad y nos dijeron ‘oye compañero porque no manda a su policía que venga porque ellos no hacen caso aquí a nosotros’”.
Para el 30 de septiembre se habría llevado un careo entre el padre y el suegro de Angélica, quienes fueron encerrados durante 24 horas, pero ni la menor, ni la familia habría sido detenidas durante 10 días, como se había dicho en un principio;
—“Es chisme y mentira”, dice Carlos.—¿Nunca estuvieron 10 días?
—“No, no estuvo la niña, pero sí estaba en el corredor de la casa (de justicia), pero no adentro, como nosotros ahorita. Allá bueno su familia cuando llegó dijeron que iban a dar 50 mil pesos para que la muchacha no quiere ir con su suegro, decía que el quería violarla, decía muchas cosas”, agregó.
Además, niegan haber golpeado a la madre, como si lo habría denunciado Concepción a MILENIO, y piden a las autoridades ver las fotografías difundidas por la familia.
“No sé si es cierto que aborto porque si no es cierto a Dios te va a pagar ella. Nosotros no le pegamos a la señora, ni el comandante, ni nosotros, ya tiene tiempo que hacemos justicia en dos Ríos pero nunca faltar respeto a una mujer”.
Daniel Alberto apenas habla español, se dice un hombre entregado al pueblo, a dios y a la justicia, ofrece una disculpa a quienes agravió, pero asegura no haber hecho nada de lo que se les inculpa. Su deseo es que acabe la injusticia.
Hasta el momento la Fiscalía del Estado sigue ignorado el caso, es la CRAC, la que se encuentra realizando su propia investigación. Pero se teme que autoridades ministeriales podrían querer acusar a los policías de trata de personas.
De acuerdo con Victoriano García, vocero de la CRAC-PC, y representante de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, acorde a las reglas de la corporación, los policía serán sometidos a lo que llaman reeducación y trabajo comunitario, principalmente por haberse inmiscuido en un asunto de particulares, y de manera particular, por haber participado como mediadores en el acuerdo alcanzado por el padre y suegro, para la compra de la menor.
“Tenemos a los coordinadores de dos Ríos por desacato, tomaron el problema que está dentro del reglamento interno, que está prohibido juzgar, o ver sobre la venta de mujeres, ahí no tienen que meterse la policía comunitaria. Están bajo una investigación para llegar sí en realidad tuvieron que ver pero nos estamos dando cuenta de que esto no fue real pero necesitamos la aclaración de Angélica de Concepción y de la señora Petra para ver qué tanto lo que se ventiló en los medios es cierto. Pero a nosotros nos consta que no fue real, y que ellos buscaron para desprestigiar a la institución”, declaró en entrevista.
Carlos y Daniel aseguran tener el respaldo de la comunidad, y ahora se encuentran a la espera de que intervenga alguna autoridad, la que sea, y confían en que su mensaje sea escuchado por la gobernadora Evelyn Salgado y el mismo Presidente López Obrador a quienes les dicen: “kaꞌnde ... tniñu”, que en lengua tunsabi, significa “hacer justicia”.
Con información de Pablo Maldonado.
dmr