Al menos tres y quizá hasta cinco de los ocho integrantes de la célula de Guerreros Unidos en Chicago que tuvieron conocimiento directo de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han sido liberados por el gobierno de Estados Unidos en los últimos meses luego de mostrar “extraordinaria cooperación” con el Departamento de Justicia y cumplir sentencias abreviadas por tráfico de drogas.
Gracias a que algunos incluso manifestaron “señales de buena conducta”, recibieron reducciones en sus sentencias, por lo que hoy están fuera de la cárcel sin haber respondido a la justicia mexicana o estadunidense sobre el paradero de los estudiantes.
Documentos de la Corte del Distrito Norte de Illinois y registros del Departamento de Justicia de Estados Unidos consultados por MILENIO muestran que han sido liberados Alexander Figueroa, Isaías Mandujano y Eliseo Betancourt-Pereira; Arturo Martínez está definido como “no en custodia” y uno más, Wilfredo Flores, ni siquiera aparece en registros penitenciarios.
No solo eso: en las próximas horas puede iniciar el camino a la libertad de Pablo Vega, el líder de la célula, quien comparecerá este jueves en la Corte del Distrito Norte de Illinois para declararse culpable, pero de tráfico de drogas, no de la desaparición.
Los liberados no son personajes menores. Se trata de operadores clave que traficaban paquetes de heroína ocultos en autobuses que hacían corridas desde la terminal camionera de Iguala, donde comenzó la tragedia de los normalistas.
Además están directamente ligados con el secuestro y la desaparición de los 43, según se establece en decenas de mensajes de Blackberry intervenidos por la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) que prueban, inequívocamente, que la unidad de Guerreros Unidos en Chicago sabía y coordinaba lo que ocurría la noche del 26 de septiembre en Guerrero.
Su importancia fue incluso reconocida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Figueroa y compañía se hallan en el centro de una línea de investigación sugerida por el grupo, conocida como “el quinto camión”, en la que se vinculan los hechos de Iguala a un operativo mal dirigido y peor ejecutado para proteger el tráfico de droga que Guerreros Unidos coordinaba del sur de México al norte de Estados Unidos.
Pese a estas sospechas y evidencias, la partida de operadores fue liberada entre marzo y mayo pasado, dado que no fueron enjuiciados por el secuestro y la desaparición, sino por trasiego de narcóticos, según registros del Buró de Prisiones. En éstos se detalla que fueron excarcelados del Centro Correccional Metropolitano de Chicago en las siguientes fechas: Mandujano, el 15 de marzo; Betancourt-Pereira, el 17 de abril, y Figueroa, el 13 de mayo.
En el caso de Alexander Figueroa, cuñado de Pablo Vega, se ordenó su liberación el pasado 9 de mayo (llevándose a cabo cuatro días después), luego de que su defensa argumentó que ya había cumplido su sentencia de 60 meses por tiempo servido y de que se podía demostrar su “buen comportamiento”. La respuesta del juez Gary Feinerman, quien ha llevado el proceso desde su inicio, fue: “Se ordena al alcaide (...) procesar la liberación del acusado, Alexander Figueroa, en la fecha más rápida practicable".
A la fecha, los únicos integrantes de la célula que permanecen sin lugar a duda en prisión son el cabecilla, Pablo Vega, El Transformer o Silver, y dos de sus lugartenientes, Roberto Sánchez y José Rodríguez.
Pero eso puede cambiar. Desde el pasado 1 de julio, Vega ha buscado cita con el juez Gary S. Feinerman para cambiar su declaratoria inicial de inocencia, de acuerdo con una serie de comunicaciones de la Corte. La fecha fue pospuesta varias ocasiones, quedando para este 19 de septiembre.
El cambio forma parte de una estrategia legal que busca eludir cualquier vinculación con la desaparición de los 43 y enfrentar sólo acusaciones relativamente menores por trasiego de drogas.
Vega comparecerá a las 9:45 y, si las fichas salen a su favor, puede recuperar su libertad de manera inmediata como su cuñado, pues ha pasado más de cinco años en prisión (ambos fueron detenidos en Oklahoma en 2014).
Puede salir pese a que en las comunicaciones interceptadas por la DEA recibió comentarios de sus operadores en Iguala como “llevan ya 60 paquetes”, en referencia a 60 personas secuestradas.
RLO