Hace un año, el joven veracruzano José Eduardo Ravelo murió luego de que fue detenido en Mérida, Yucatán. Su madre, María Ravelo, sostiene que su hijo fue víctima de brutalidad policial y abuso sexual por parte de elementos de seguridad. Sola y sin recursos económicos, la mujer continúa su búsqueda por justicia en medio de una controvertida investigación llena de cuestionamientos y contradicciones.
"No va a parar mi lucha, la lucha sigue hasta sus últimas consecuencias. Me he dado a la tarea de investigar por mí misma todo lo que ocurrió. Fui a los lugares donde supuestamente mi hijo anduvo, he estado en el parque San Juan muchas veces".
José Eduardo fue detenido en ese parque el 21 de julio de 2021, presuntamente por lanzar una piedra a un sitio de taxis. De ahí, fue trasladado a los separos en el centro de Mérida y, en algún punto entre su detención y el traslado, fue golpeado y abusado sexualmente, sostiene la mujer. El joven de 23 años murió 13 días después.
El caso se esparció como pólvora cuando la señora Ravelo llevó el féretro de su hijo frente al Palacio de Gobierno en Mérida, donde exigió al gobernador Mauricio Vila Dosal esclarecer los hechos y hacer justicia. En agosto, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con la mamá de José Eduardo y en octubre la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió que el caso no quedaría impune.
Sin embargo, María Ravelo no quedó conforme con la última versión de la FGR, instancia que concluyó que José Eduardo murió por neumonía. Por ello, adelantó a MILENIO que volverá a la Ciudad de México para solicitar ayuda de "nuevas instancias".
La versión de la FGR
Tras atraer el caso, la FGR realizó una reconstrucción de los hechos, exhumó el cuerpo y practicó una nueva necropsia. El 28 de octubre, a través de un comunicado, informó que el joven “falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención”, contradiciendo la necropsia de la Fiscalía General de Yucatán que determinó síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo, es decir, muerte a causa de golpes.
“La investigación de los hechos confirmó que no existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”, señaló la FGR, agregando que “lo que sí existió fue la falsedad en dictámenes ministeriales” y que se ejercería acción penal en contra de tres servidores públicos de la Fiscalía de Yucatán.
Según María Ravelo, sus asesores jurídicos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) han conseguido, hasta ahora, dos amparos en contra de la FGR.
El primer amparo fue en contra del comunicado que acreditó la muerte del joven a causa de una neumonía, mientras que el segundo impidió que la fiscalía de Alejandro Gertz Manero imputara al médico que realizó la primera necropsia de su hijo, misma que confirmó que había sido víctima de abuso policial.
Al acudir a la FGR por respuestas, la señora Ravelo aseguró que funcionarios le “hicieron la aclaración de que el que había dado la orden para que ese comunicado saliera fue el señor Alejandro Gertz Manero”.
En enero de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que exhortó al Fiscal de Yucatán a continuar con la investigación, pues aseguró contar con elementos para acreditar violaciones graves a los derechos humanos durante la detención de José Eduardo. Además, pidió al presidente municipal de Mérida, Renán Barrera, ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares de la víctima.
MILENIO buscó comentario por parte de la fiscalía estatal y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), pero ambas dijeron que el caso ya no estaba en sus manos, pues autoridades federales habían tomado el caso. Los gobiernos de Mérida y Yucatán también se negaron a hacer comentarios sobre este caso.
Videos revelan incongruencias
En redes sociales circularon videos del traslado de José Eduardo desde el parque San Juan hasta los separos. En estos se aprecia cómo los policías arrastran hacia su celda el cuerpo inconsciente del joven de 23 años, quien caminó a casa al siguiente día.
Las autoridades publicaron otros videos que, según ellos, demuestran que no hubo agresión hacia el joven, pero nunca se mostró el momento exacto de la detención de José Eduardo.
“Me di cuenta de algo muy relevante para mí, que no concordaban esos videos en el horario en el que se supone que fue su detención”, dijo la señora Ravelo.
Por éste caso, cuatro policías municipales fueron detenidos y posteriormente liberados. Los elementos se reincorporaron a sus actividades en septiembre.
Según la madre de José Eduardo, ni ella ni su hijo aseguraron en ningún momento que los policías involucrados eran municipales.
“La declaración de él fue que habían sido estatales y dio el color del uniforme”, señaló. “La licenciada que me atendió (durante la denuncia) en ese momento fue la que dijo ‘ah, no, son municipales, porque ellos son los únicos que portan ese color de uniforme’. Entonces ella dio por hecho que habían sido municipales. Pero de mi boca nunca salió”.
“Ya hay que buscar otra instancia y es lo que voy a hacer. Esto ya se tiene que mover porque el caso de mi hijo de ninguna manera lo pienso dejar”, aseveró.
ROA