Ciudad Juárez aprobó el pasado fin de semana eliminar de sus leyes una serie de reglamentos que fortalecían el monopolio de industrias de abastecimiento de hidrocarburos en la ciudad fronteriza; entre los que se encuentra la eliminación de la normativa que permitía controlar la ubicación y distancias mínimas que deben existir entre cada estación de servicio.
Esta modificación se realizó con el objetivo de homologar leyes de orden federal, tal como la Ley de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).
Determinados reglamentos impedían la libre competencia en Ciudad Juárez en materia de venta y distribución de gasolina, facilitando que empresas monopolizaran el sector y se impidiera la participación o expansión de empresas como ARCO, la cual opera 5 estaciones de venta de combustibles en la zona.
El escenario, que permite mejorar la libre competencia en la venta de hidrocarburos en Ciudad Juárez, no es igual para Tijuana, en donde la reglamentación es burocrática, haciendo casi imposible que nuevas empresas.
Eso impide que Energéticos de Baja California, Gas Natural del Noroeste, Blue Propane y Rivera Gas compitan con las líderes de la región en venta de gas que son: Zeta Gas, propiedad de Evangelina Zaragoza, y Silza Gas, propiedad de Thomas Zaragoza, empresas que el Secretario de Economía y Turismo de Baja California, Mario Escobedo Carignan, ha declarado que controlan el 80 por ciento del mercado de gas.
Derivado de esta situación presente en Tijuana y otras partes del país, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer el oficio PLENO OPN-012-2016 que hace una recomendación técnica a gobernadores, alcaldes, a los integrantes de ayuntamientos y legislaturas locales a eliminar reglamentaciones que limitan la libre competencia por encima de las recomendaciones dadas por organismos federales, y que afirma que la excesiva regulación local en materia de hidrocarburos, ha permitido que los monopolios se fortalezcan y mantengan altos precios en los combustibles.
Ese documento indica, por ejemplo, que en varios municipios de Baja California, el cabildo no tiene facultades de establecer requisitos adicionales a los ya previstos en la regulación federal con relación a las características que deben cumplir los predios donde se ubicarán las estaciones de servicio, y ejemplifica con el reglamento de zonificación y usos de suelo para estaciones de carburación de Tijuana, que se contrapone con la normatividad federal poniendo los acuerdos del cabildo por encima de la regulación avalada por la CRE y la ASEA.