Activistas y defensores de derechos humanos enviaron un comunicado de prensa este martes en donde apuntan, la llamada austeridad republicana emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “falsea prioridad al respeto de los derechos humanos” y coloca en una situación de crisis a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Se recordó que el 9 de enero del 2013, se publicó la Ley General de Atención a Víctimas, la cual mandata la constitución de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual se considera como un logro de las víctimas y familias que sufrieron los estragos y consecuencias de la violencia en México para hacer exigibles los derechos de personas, comunidades y pueblos azotados por la guerra declarada contra la delincuencia organizada y cuyas principales víctimas es la sociedad civil.
“Enfrentamos hoy la indignante realidad de más de 61 mil personas desaparecidas, más de 30 mil cuerpos sin identificar y cientos de miles de fragmentos, fosas clandestinas y lugares de exterminio, miles de mexicanos, mexicanas y personas migrantes en estas cifras, y sin posibilidad de atender esta grave tragedia.
Recorte afectará familias
“Ahora, el Ejecutivo federal, bajo la excusa de la austeridad republicana, decide reducir el 75% de presupuesto de la CEAV con lo que se afectará impunemente el derecho de las personas desaparecidas y sus familias de ser acompañadas y asesoradas de manera integral”. señalan los liderazgos de 9 organizaciones enfocadas en la desaparición forzada integradas al Colectivo Justicia y Esperanza México, que aglutina a AC como Fundenl, Fundem, Fuundec, Cofamide, Cofamipro y el Centro Diocesano Fray Juan de Larios .
Mencionan además que el objeto de la ley ha sido reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano.
Sin embargo, desde 2013 que la CEAV entró en funciones, ésta se ha caracterizado por estar inmersa en la burocracia, por la ausencia de trato digno para las víctimas y por implementar prácticas que corrompen el espíritu de la misma Ley y los tres pilares principales con los que fue creado dicho organismo para cumplir sus objetivos:
a) La asesoría jurídica, para garantizar el acceso a la verdad y la justicia.
b) Un fondo de reparación del daño.
c) El Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).
“Hasta la fecha, ingresar al Registro Nacional de Víctimas está condicionado a recibir previamente la “calidad de víctima” por parte de un ministerio público situación que se ha vuelto para las víctimas y sus familias un viacrucis, haciendo casi imposible o muy prolongado en el tiempo, el poder obtener medidas de asistencia para que puedan llevar a cabo acciones de búsqueda y de acceso a la justicia, resaltando que en casos de población migrante, por sus condiciones mismas, las complicaciones son mayores.
“CEAV ha realizado algunas visitas de seguimiento a países como Guatemala, Honduras y El Salvador donde su personal hace promesas, como el que llegarán las medidas de apoyo para vivienda y alimentación, pero luego no vuelven a saber nada de ellos. Actualmente las familias de víctimas enfrentan una política de discriminación; hay algunas que a pesar de que se encuentran inscritas en el RENAVI, es fecha que aún no han recibido ninguna de las medidas establecidas en la ley”.
Citan además el hecho de que se enfrenta una situación de incertidumbre pues el pasado 2 de marzo, comunicados oficiales emitidos por la CEAV y SEGOB, sientan posturas públicas que demuestran una falta de respeto a las personas sujetas de derechos, manejando discursos ambivalentes, distractores que evaden las causas de fondo y la responsabilidad de la crisis de esta institución y otros órganos desconcentrados y descentralizados.
CEAV, en riesgo
De igual forma establecen que el Decreto emitido el 23 de abril por el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, pone en grave riesgo el Registro Nacional de Víctimas al no contar ni con un servidor propio que pueda respaldar la información personal de las víctimas, ni con personal para operar.
“Es irresponsable y sumamente preocupante que ocurra esto, pese a que la CEAV tiene personalidad jurídica para contar con patrimonio propio. Consideramos que la crisis de la CEAV no se debe sólo a la actual administración, sino que es consecuencia del abandono de las gestiones anteriores y la falta de un seguimiento puntual para la rendición de cuentas”.
No obstante apuntan que debe asumirse la responsabilidad del gobierno federal, incluyendo al propio presidente de México y las secretarías de estado correspondientes, quienes deben garantizar que la institución cuente con los recursos necesarios e idóneos para su funcionamiento.
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“Esta crisis debe tomarse como una oportunidad para refundar y rescatar el espíritu del Sistema Nacional de Víctimas, que permita que las familias puedan buscar la verdad, alcanzar la justicia y la recibir una reparación del daño que sea transformadora, integral, plena y diferenciada. Miramos con preocupación e indignación, la indiferencia que ha tomado el gobierno mexicano y la misma CEAV ante nuestras compañeras que se manifiestan en Palacio Nacional y que después de varios días, siguen sin ser atendidas”.
RCM