La administración del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, utilizó cinco empresas constructoras en Parral, una facturadora en Ciudad Juárez, así como a 15 ayuntamientos para evadir impuestos fiscales en contratos por 242.9 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda estatal.
Las empresas y los municipios tenían un proveedor común con domicilio en una papelería en Juárez, para facturar 107 millones 488 mil 335 pesos.
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La empresa fantasma estaba a cargo de una pareja de condición humilde. La mujer murió asesinada a balazos en octubre de 2016 y aun después de su muerte, se encontraron operaciones financieras a su nombre.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, tras las auditorías se evidenció que las cinco constructoras de Parral trabajaban con los mismos 15 municipios, con el gobierno del estado y con un proveedor en común al que no se detectó material, bodegas, almacenes, o algo que respondiera al tamaño de las operaciones.
La pareja de socios de la empresa facturera recibió cantidades importantes de las cinco constructoras y entre el 50 y 70 por ciento de las deducciones se realizó por medio de ellos, generando así el mecanismo más importante para los desvíos.
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Éste es otro de los casos emblemáticos de los 27 esquemas de evasión fiscal detectados en el marco de la Operación Justicia para Chihuahua, que investiga la red de corrupción del ex gobernador.
Identificado el caso como el de “Constructoras de Parral”, en este esquema se determinaron créditos fiscales por 85.29 millones de pesos.
Luego de las auditorías practicadas, se han embargado vehículos, inmuebles y cuentas bancarias. Algunos de los involucrados, ya se han acercado para devolver recursos del daño ocasionado al fisco.
De acuerdo con la dependencia estatal, lo que cambia el paradigma del combate a la corrupción fiscal cometida en el gobierno de César Duarte ha sido perseguir la facturación ilegal y la creación de empresas fantasma, para poder recuperar los impuestos omitidos.
En el caso, la dependencia especificó que se ha ido avanzando, pero aún queda una cantidad importante por recuperar de los créditos fiscales determinados por los 85.29 millones de pesos.
Informó que además se han desprendido asuntos penales que ahora son llevados por la instancia respectiva y está en proceso la publicación de la empresa facturadora en el Diario Oficial de la Federación.
La dependencia agregó que ante la conducta sospechosa, se investigó la existencia de ilícitos de carácter fiscal y si se pagaron los impuestos fiscales y financieros.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda nadie paga impuestos por dinero de corrupción pero lo que sí ocurre, es que cuando alguien da dinero como pago por corrupción, la empresa que lo paga lo factura, para tratar de justificar.
irh