En Chihuahua, el diputado Omar Bazán denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR), al gobernador Javier Corral, por el probable delito de malversación en el manejo de recursos públicos por más de 8 mil millones de pesos que le detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Ante la negativa de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua para recibir la denuncia, el legislador lo hizo a través de la FGR.
“Acudí a la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua. Desgraciadamente no me recibieron la denuncia del peculado para que fuera investigado el gobernador Javier Corral”, apuntó el diputado.
Bazán señaló que el gobernador no aclaró ante la ASF más de 100 observaciones o irregularidades por el orden de 8 mil millones de pesos.
El informe de la Auditoría Superior de la Federación señala que “no se informó a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos”.
Por lo anterior, el diputado Omar Bazán dijo además que el Congreso de Chihuahua debe solicitar un informe al gobernador sobre las observaciones por parte de la ASF entre 2017 y 2019.
La ASF señaló que el gobierno de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de participaciones federales a entidades federativas 2018, en materia de control interno, registro e información financiera de las operaciones, ejercicio y destino de los recursos y adquisiciones, arrendamientos y servicios.
En 2018, en el ejercicio de cinco fondos federales, no se aclaró el uso de 7 mil millones de pesos, entre rubros como gastos sin justificar, compras de insumos médicos que no se encuentran en operación, subejercicios y pagos extemporáneos que no pudieron ser solventados por las instituciones estatales.
Mientras que en 2019 fueron detectadas observaciones por un importe superior a los 83 millones de pesos en la aplicación de recursos del fondo para pago de personal que no acreditó haber realizado funciones destinadas a la educación básica y normal, durante la licencia sin goce de sueldo, posteriores a bajas, con cargos de elección popular o de identificados como decesos.
Por dicha observación se promovió ante la Secretaría de la Función Pública del Estado la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación.
Destacan, por su importancia, la compra de equipo médico para el hospital infantil, que no fue utilizado, incluso se informó a la Secretaría de la Función Pública del Estado en el expediente EPI046-2020-SFP-DGII-669-DE-GF, en el cual se inicia un procedimiento que determine la posible comisión de responsabilidades administrativas.
De igual manera destacan recursos sin aclarar (con 83.8 millones de pesos) correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, por pagos irregulares a personal no dedicado a la enseñanza, dado de baja por defunción y de centros educativos no registrados.
La transferencia por parte de la Secretaría de Educación y Deporte por más de 34 millones de pesos etiquetados dentro del programa ETC a la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, para “apoyos económicos al personal, mediante cheques emitidos los días 28 y 29 de marzo de 2019”.
El dinero, aunque fue reintegrado, se hizo a una cuenta distinta a la del programa, explicó la Auditoría Superior de la Federación, por lo que su similar del estado, inició el procedimiento para fincar responsabilidades. Además de 24 millones 727 mil 349 pesos sin aclarar correspondientes a recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional.
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 18 millones 918 mil 918 pesos, por pagar ocho proyectos de obras realizadas con recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018, sin disponer de la documentación justificativa del gasto.
“El hecho de que el gobierno del estado oculte las observaciones y no las justifique, no implica que no existan las irregularidades, de acuerdo a una tesis en la materia” finalizó Omar Bazán.
AS