El aumento de delitos en diversas zonas del país provocó que congresos estatales reformaran sus códigos para contrarrestar las acciones de los delincuentes, ya sea incrementando penas, apropiándose de bienes sin sentencia judicial o legislando sobre temas que solo compete al Congreso de la Unión.
Uno de estos es Chihuahua, entidad pionera en los juicios orales por ser la primera en poner en marcha el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
Desde hace años, el estado se ha visto inmerso en actos de violencia por la presencia del crimen organizado y cuyo municipio, Ciudad Juárez alguna vez fue unas de las ciudades más peligrosas del mundo.
Además del peligro que representa la disputa entre cárteles del narcotráfico, uno de los delitos que más aqueja a la entidad es la extorsión, motivo por el cual en 2014 modificó la ley para castigar a los delincuentes con penas que van de los 30 a 70 años de cárcel.
Recientemente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional dicha penalidad por ser desproporcionada.
Lo anterior, beneficiará a unas 70 personas que fueron condenadas por este delito, mismas que podrán ir recobrando su libertad una vez que sus amparos sean estudiados.
Solo por citar, el Código Penal Federal establece una pena de dos a ocho años de cárcel por el mencionado ilícito, lo cual no tiene punto de comparación con lo avalado por los legisladores estatales.
Beneficiados
En los próximos días, una de las personas que será beneficiada por la decisión de la Corte es Herland Bryan Zapata Tejeda. Al momento de su detención en 2015, tenía 19 años de edad, y fue condenado a 30 años de prisión y se le negó el beneficio a la condena condicional.
Tras ser presentado a los medios de comunicación por la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, el detenido dijo a los periodistas que tomó una mala decisión en su desesperación por tener dinero para tratar de poder estudiar la preparatoria.
Para obtener recursos, una persona a la que apodan El Güero le ordenó ir a una peluquería para cobrar dinero, por lo que accedió, pero en una de las visitas que realizó había agentes encubiertos y lo capturaron.
Según las autoridades de Chihuahua, la reforma al Código Penal del Estado obedeció a la intención de disminuir la incidencia de dicho ilícito, pues la inseguridad ocasionada por la extorsión cometida por diversos grupos delictivos había provocado un grave daño a las familias chihuahuenses y a la sociedad en general.
Se dijo que esto se veía reflejado no sólo en la afectación del estado emocional de sus miembros, que habían perdido espacios públicos de recreación y esparcimiento, sino también en las actividades económicas en general y, de manera particular, en la afectación de quienes fortalecían el entorno económico, como son los productores, comerciantes e industriales, entre otros.
El ministro de la Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentará un proyecto de sentencia donde propone amparar a Zapata Tejeda y donde deja claro que el hecho de que el legislador tenga un amplio margen de apreciación para instrumentar la política criminal y establecer el contenido de las normas penales, no implica que dicha facultad sea irrestricta y no admita límites.
“Ciertamente, la intención de desincentivar el delito de extorsión agravada no puede llegar al extremo de establecer la pena de prisión contemplada para ese delito de manera desproporcionada. Debe haber un margen razonable de consistencia en la política criminal instrumentada por el legislador”, detalla el proyecto.
No es la primera
El año pasado, la Corte declaró inconstitucional diversos artículos de una ley del estado de Chihuahua que desde 2020 permitía la venta anticipada de bienes asegurados por diversos delitos, entre ellos, en casos de corrupción, cohecho y peculado.
El fallo abrió el camino para que ex servidores públicos, como el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, puedan reclamar a través de un juicio la devolución de sus propiedades.
LG