Una jueza federal citó a Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, para que se presente a la audiencia inicial que se celebrará el próximo 20 de agosto, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputará por los presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, debido a un quebranto de 3 mil 412 millones de pesos por la compra a sobreprecio, de cuarteles para la Guardia Civil.
Patricia Sánchez Nava, jueza de control con sede en el Reclusorio Oriente, y quien libró la orden de aprehensión contra el ex mandatario estatal, notificó a Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, que el pasado 9 de mayo programó la audiencia.
Ante esta situación, Vargas Alarcón, quien concedió la suspensión provisional que impide la captura del ex gobernador, solicitó a la jueza Sánchez Nava que, una vez celebrada la audiencia, informe el resultado de la misma para saber si el quejoso compareció, ya que es uno de los requisitos que se le impuso a Silvano Aureoles para que prevalezca la medida cautelar.
Asimismo, Jovita Vargas informó que, en atención a las solicitudes de la FGR presentadas el 7 y 8 de mayo, en las que pidió revocar la suspensión, dijo que éstas no son procedentes.
“Lo anterior, en razón de que, tal y como fue informado por la asistente de Despacho Judicial, en sustitución de la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente; el 9 de mayo pasado, se señalaron las 10:00 horas del 20 de agosto de 2025, para efecto de que el quejoso comparezca ante la responsable para la celebración de la audiencia inicial correspondiente a dicho asunto”, menciona el acuerdo.
Vargas Alarcón también dio a conocer que el defensor de Silvano Aureoles depositó la garantía de 52 mil pesos que le fue impuesta, por lo que la medida cautelar se mantendrá vigente.
En marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a cuatro ex colaboradores del ex gobernador, quienes fueron imputados presuntamente por ocasionar un daño patrimonial al gobierno federal y estatal.
La FGR ha señalado que Silvano Aureoles y cuatro de sus ex colaboradores presuntamente causaron un daño patrimonial por la compra, a sobreprecio, de cuarteles de la Guardia Civil para los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en Michoacán.
CHZ