La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones a las garantías individuales durante el desalojo de 35 personas mayores jubiladas que se manifestaban frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Xalapa, así como agresiones a dos periodistas que daban cobertura a los hechos ocurridos el 23 de diciembre de 2015.
La CNDH dirigió la Recomendación 32/2018 al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para que repare integralmente el daño y colabore en la investigación de las responsabilidades administrativas de al menos 22 servidores públicos y autoridades que participaron en los hechos.
El organismo extendió la recomendación al director general del Instituto de Pensiones, Hilario Barcelata Winckler, y a Jorge Winckler Ortiz, fiscal general de ese estado.
“Las personas jubiladas agraviadas, algunas con limitaciones motrices, demandaban el pago oportuno de sus cheques por prestaciones de seguridad social y de fin de año, así como que hubiera fondos en las cuentas bancarias para cobrarlos, cuando recibieron descargas eléctricas con armas prohibidas, fueron empujadas con bastones cortos y largos, y agredidas verbalmente, en tanto que los periodistas fueron golpeados con toletes y amenazados”, informó la CNDH en un comunicado.
Tras la investigación la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y a la libertad de expresión, así como al derecho a la justicia.
La CNDH recomendó al gobernador que se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a los 35 pensionistas y a los dos periodistas.
Además solicitó al gobierno estatal que colabore en la queja que presentará ante la Contraloría General de Veracruz; así como en la denuncia que presentará ante la Fiscalía General para que investigue y determine las responsabilidades penales de los servidores públicos.
OVM