La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, y al presidente municipal de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta, así como a todas las autoridades correspondientes, aplicar medidas cautelares para la protección de la familia del activista y defensor del médio ambiente, Carlos Márquez Oyarzabal, asesinado el sábado 3 de abril.
El organismo, detalló que las amenazas a la familia, hechas públicas por parte de una de las víctimas desde hace dos días a través de redes sociales, informan la situación de riesgo en la que se encuentran los cercanos al también comisario del poblado de Las Conchitas.
Para evitar "daños irreparables a la familia", el organismo autónomo pidió a las autoridades de todos los niveles llevar a cabo los protocolos adecuados de actuación para salvaguardar la integridad física, psicológica, seguridad personal y la vida de todos ellos.
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Así como a la Fiscalía General, iniciar con las investigaciones correspondientes sobre el homicidio del activista, y brindar a la familia la contención emocional que requiera.
A través de redes sociales, la hermana del activista informó de dichos ataques verbales y pidió a las autoridades actuar con rapidez y no dejarlos, además, denunció que durante el ataque al activista, ellos pidieron apoyo, pero nadie los ayudó.
La CNDH se comprometió a permanecer atenta a la respuesta de las autoridades y a que se de el correcto cumplimiento de dichas medidas.
Márquez Oyorzobal también era parte de la policía comunitaria "pueblos unidos", quienes se oponen a los saqueos de los recursos naturales de la zona por grupos armados.
DMZ