Este 2025, el crimen organizado reiteró la expansión que tiene más allá del narcotráfico y otros delitos convencionales, infiltrándose en sectores cotidianos y golpeando la economía y seguridad de productores y consumidores de varias entidades.
Desde alimentos básicos del campo hasta combustibles, grupos criminales se han infiltrado en diversos procesos de la economía, rubros en los que encontraron una fuente de ingresos y control territorial.
El negocio del lechicoleo
Uno de los fenómenos menos visibles pero más persistentes fue el lechicoleo. En agosto, se registró este delito en Guanajuato, donde se documentó el robo y la venta ilegal de leche.
De acuerdo con los reportes, grupos del crimen organizado desvían pipas cargadas con leche, que tienen como destino las plantas de envasado. En lugares clandestinos, se extrae parte del producto y se sustituye por agua y sal para mantener el peso de la pipa y aparentar la entrega normal.
Informes publicados por este medio aseguraron que el modus operandi es sistemático. De acuerdo con autoridades estatales, los conductores de pipas se coluden con delincuentes para desviar el traslado de leche.
Como explicó entonces Juan Mauro González, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, la leche extraída es vaciada en contenedores, sin atender mecanismos de salubridad.
Este producto se vende a las personas que la puedan consumir, pero llega contaminada, por lo que genera riesgos para la salud, y desde luego, pérdidas en la cadena de producción.
El presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilex), Ricardo Villavicencio Contreras, señaló que ex empleados de la industria utilizan sus conocimientos para delinquir, aprovechando su experiencia en cómo extraer y colocar ilegalmente la leche.
El control del aguacate y limón en Michoacán
Productos como el aguacate y el limón también se han convertido en objetivos estratégicos del crimen organizado, especialmente en estados como Michoacán.
En varias zonas de esta entidad grupos delictivos han impuesto cuotas ilegales, controlado territorios e incluso, se han apropiado de huertas completas.
Y aunque el "oro verde" se comercializa legalmente, estas prácticas generan una economía paralela, donde la producción, el transporte y los precios quedaron sujetos a las reglas criminales.
De acuerdo con un análisis de Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GITOC, por sus siglas en inglés), publicado en enero de 2024, la intervención del crimen organizado en el negocio del aguacate en Michoacán respondió principalmente a una estrategia de lavado de dinero.
Según GITOC y reportes de MILENIO, Los Zetas fueron los primeros en extorsionar de manera sistemática a los productores de aguacate. Más tarde, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) replicaron estos esquemas.
Conviene señalar que además del impacto económico y social, la incursión del crimen organizado ha provocado deforestación, presión sobre el agua y pérdida de biodiversidad.
El limón es otro de los productos clave capturados por el crimen organizado, también asolado por extorsiones y violencia.
El 20 de octubre se reportó el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, en Michoacán, quien había sido víctima diversas amenazas.
De acuerdo con medios locales, el cuerpo del dirigente limonero fue encontrado con huellas de violencia.
A Bravo se le conocía por encabezar manifestaciones ante las extorsiones del crimen organizado contra el sector limonero. Había denunciado que él y sus compañeros estaban "permanentemente secuestrados" por las cuotas que les exige el crimen organizado por su cosecha.
También el impacto de esta violencia se termina reflejando directamente en el mercado, pues los costos impuestos por el crimen organizado terminan trasladándose al consumidor final.
Huachicoleo y contrabando fiscal
Indudablemente, el huachicoleo es una de las actividades ilícitas que continúa siendo más rentable en el crimen organizado, operando mediante tomas clandestinas, transporte irregular y redes de distribución ilegales.
Las consecuencias de esta práctica son significativas, pues se generan pérdidas millonarias debido a la comercialización ilegal de gasolina y diésel, además del robo de equipos y materiales. Asimismo, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha reconocido que también representa un riesgo para la seguridad del personal, derivado de ductos perforados o transporte inseguro.
Este fenómeno no se limita al robo físico de hidrocarburos, pues también se ha desarrollado un contrabando fiscal, el cual se hace mediante subvaluación, facturación falsa o triangulación de importaciones, lo que permite evadir impuestos y afecta directamente las finanzas públicas mexicanas.
En septiembre, el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reveló que el ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, denunció la existencia de "problemas" al interior de la institución que encabezaba, lo que dio pie a una investigación de dos años que derivó en la detección de una red de robo de hidrocarburo, en la que se descubrió a dos de sus sobrinos involucrados.
El fiscal se refirió al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando.
Con información de Gerardo Duque
ksh