M+.- Los perros comenzaron a ladrar antes de que amaneciera. Desde las montañas, hombres armados descendían hacia las viviendas, algunos a pie y otros en motocicletas. Vestían chalecos, eran jóvenes y avanzaban entre los caminos rurales de Las Palmas, Sinaí II El Fénix y Las Nuevas Maravillas, comunidades indígenas asentadas en la zona limítrofe entre Chiapas y Oaxaca.
La mañana del 8 de octubre, el miedo desplazó la rutina de cientos de familias campesinas. Los habitantes dejaron de pensar en la cosecha, el café o el maíz: la prioridad fue resguardar a sus hijos y encontrar ayuda antes de que los desconocidos llegaran a sus casas.
“Empezaron a rodear por las montañas; algunos iban en motocicleta, otros caminando, eran muy jóvenes”, cuenta Patricio, habitante de Monte Sinaí II El Fénix, quien recuerda las alertas que comenzaron a circular entre los pobladores.
En Las Nuevas Maravillas, la alarma surgió cuando once hombres con chalecos tácticos entraron a la cocina de una vivienda, mientras otros permanecían detrás de la casa. El propietario escuchó sus conversaciones y avisó a las autoridades ejidales. La primera petición de auxilio salió por radio hacia comunidades vecinas de Oaxaca.
No era la primera ocasión en que personas armadas merodeaban la región, pero los pobladores aseguran que nunca habían presenciado una incursión de esa magnitud. Algunos grabaron videos y los difundieron en Facebook para pedir ayuda. Otros buscaron comunicarse con las autoridades municipales y estatales.
El temor no terminó con la llegada de los uniformados. Mientras los policías desplegaban recorridos en las comunidades, los habitantes seguían preguntándose cuánto duraría la vigilancia y qué ocurriría cuando se retiraran.
Campesinos bajo amenaza
Las comunidades afectadas no son originarias de Cintalapa. Sus habitantes llegaron hace aproximadamente cuatro décadas desde Los Altos de Chiapas en busca de tierras para trabajar. Hoy, esa condición de población indígena asentada en una región montañosa agrava su vulnerabilidad frente a quienes recorren sus caminos con armas.
“Somos un ejido humilde, campesino, somos del habla tzotzil. Somos indígenas nativos de San Juan Chamula, de Chenalhó y de Chalchihuitán”, explica Patricio.
En Monte Sinaí II El Fénix, fundado en 1986, buena parte de la población habla únicamente tzotzil. La barrera del idioma dificulta la comunicación con personas ajenas a la comunidad y puede complicar el acceso a información, atención institucional y mecanismos de denuncia.
Los primeros reportes de hombres extraños surgieron días antes de la incursión. Jóvenes que trabajaban en los cafetales observaron a personas armadas cerca de las viviendas. De acuerdo con los testimonios recabados, los desconocidos les pidieron que consiguieran alimentos y despensas; también preguntaron por información relacionada con las autoridades ejidales.
Minerva, habitante de Las Nuevas Maravillas, afirma que los jóvenes fueron fotografiados y amenazados. De acuerdo con su testimonio, los hombres les advirtieron que conocían su ubicación y sus movimientos. “¿Qué confianza tiene usted en estar ahí agachado trabajando y que te vengan por detrás?”, cuestiona.
Para ella, el problema no se limita a la presencia de hombres armados, sino a la pérdida de libertad en un territorio donde las familias acostumbraban a desplazarse sin temor. “Cuando alguien nos pide alimento de buen modo, pues nosotros con mano dadivosa, pues lo daríamos. Pero así con un arma nosotros tenemos miedo”, expresa.
Inseguridad afecta al sector educación y agrícola
El miedo también comenzó a vaciar las escuelas y los espacios de trabajo. En Las Palmas, comunidad de aproximadamente 350 habitantes, los maestros dejaron de acudir cerca de dos semanas antes de la incursión del 8 de octubre, explica Martín, poblador del ejido.
Alrededor de una docena de niñas y niños se quedaron sin clases, mientras adolescentes que cursan la secundaria en otra comunidad tampoco regresaron a las aulas.
La suspensión de actividades alcanzó a Monte Sinaí II El Fénix. Los habitantes cancelaron trabajos de mantenimiento del camino hacia Las Palmas, labores de poda en áreas de aprovechamiento forestal y una asamblea comunitaria. Incluso dejaron pendiente un viaje a Tuxtla Gutiérrez para recibir la clave de una telesecundaria.
“Psicológicamente mal, mal, no estamos bien”, reconoce Patricio. “Ya no hay esa confianza”.
La inseguridad también golpea la economía familiar. En esta región, donde la subsistencia depende del café, maíz y frijol, salir al campo significa exponerse a encuentros con desconocidos armados. Los cultivos quedan desatendidos y las cosechas, en riesgo.
Las mujeres enfrentan una preocupación adicional por la seguridad de sus hijos y por la posibilidad de desplazarse solas hacia sus parcelas. Minerva recuerda que las labores agrícolas y domésticas comienzan desde la madrugada, cuando las familias necesitan preparar alimentos y salir a trabajar.
“Nunca en nuestra vida hemos vivido tanta situación como ahorita de inseguridad”, afirma. Y añade: “No tenemos defensa”.
La presencia de policías no acaba con el temor
En Las Palmas, Irma reconoce que la presencia de las fuerzas de seguridad les devolvió cierta tranquilidad, aunque considera insuficiente la vigilancia si no se mantiene de manera permanente.
“Nos sentíamos con miedo por la presencia organizada, pero ahorita ya estamos más tranquilos y necesitamos más seguridad para que los niños puedan asistir a sus clases y los señores puedan asistir a las labores del campo”, señala.
El temor también restringió la compra de alimentos. Las familias acostumbraban a trasladarse a la cabecera municipal de Cintalapa para abastecerse, generalmente una vez por semana, pero los viajes se interrumpieron ante el riesgo de encontrarse con hombres armados en los caminos.
La preocupación se extendió más allá de los tres ejidos inicialmente afectados, ya que el lunes 12 de octubre, durante un recorrido por la zona, había policías estatales desplegados y la situación parecía estabilizarse. Sin embargo, esa misma noche, habitantes de Pomposo Castellanos, una comunidad cercana a la cabecera municipal donde también se había instalado un destacamento policial, solicitaron ayuda nuevamente.
“Hace menos de cuarenta minutos llegaron a las tiendas, agarraron muchas cosas, se llevaron suero. Apuntaron con las armas para no pagar. Ahorita ya toda la gente se metió a sus casas, nadie quiere salir”, reportó un habitante.
Los pobladores enviaron imágenes de las calles oscuras y vacías. En el sitio donde por la mañana se encontraban las camionetas policiales, por la noche ya no había presencia visible de los uniformados.
Una región marcada por la disputa criminal
Cintalapa colinda con Oaxaca y comparte con ese estado la zona montañosa de Los Chimalapas, un territorio donde la presencia de grupos criminales ha sido señalada en distintos episodios de violencia.
En el municipio, las autoridades ubicaron a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, conocido como El Señor de los Caballos, señalado como líder del Cártel de Chiapas y Guatemala. Reportes de prensa nacional lo han vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los antecedentes recientes muestran la persistencia de operativos y detenciones en la región, aunque estos no han eliminado los episodios de violencia.
El 13 de octubre de 2025, un operativo federal y estatal para intentar capturar a Valdovinos detonó bloqueos y quema de vehículos en Arriaga, Jiquipilas, Ocozocoautla y Villaflores. Los reportes posteriores citados en esta investigación no daban cuenta de su captura.
El 5 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas detuvo al entonces alcalde de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, por presuntos delitos de corrupción y abuso de autoridad. Posteriormente, fueron detenidas la síndica y la tesorera municipales, a quienes las autoridades relacionaron con el Cártel de Chiapas y Guatemala.
El 4 de febrero, un operativo en Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas derivó en la captura de El Espíritu, identificado por autoridades estatales como segundo al mando de Valdovinos. En mayo, la Secretaría de Seguridad informó de la detención de tres personas en la colonia Cuauhtémoc, en Cintalapa, quienes presuntamente dijeron pertenecer a ese grupo criminal.
El 11 de septiembre, horas antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa, se reportó un enfrentamiento armado en la zona de Las Palmas. Versiones extraoficiales lo atribuyeron a un choque entre presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Chiapas y Guatemala. Ninguna autoridad lo confirmó públicamente.
Estos antecedentes permiten dimensionar el contexto de violencia en el que viven las comunidades, pero no prueban por sí mismos la identidad de los hombres que ingresaron a los ejidos el 8 de octubre. Los testimonios recabados describen personas armadas y amenazas.
Pobladores piden “limpiar la comunidad”
La presencia policial ofreció un respiro, pero no ha restablecido por completo la vida comunitaria. Las familias siguen pendientes de cualquier ruido, los niños conservan el miedo y los campesinos no tienen la certeza de que podrán regresar a sus parcelas sin exponerse.
Irma pide que se mantenga el resguardo para recuperar las clases, el transporte y las actividades agrícolas. Minerva resume la exigencia en una frase que refleja la dimensión colectiva del problema: “Que limpie nuestra comunidad”.
No se trata únicamente de proteger a quienes fueron amenazados directamente, insiste la habitante, sino de impedir que el miedo se extienda a todas las familias.
En esta región montañosa de Cintalapa, el saldo también se mide en aulas vacías, cosechas desatendidas y familias que han aprendido a desconfiar de los caminos que antes recorrían a diario. Los pobladores no piden privilegios ni buscan confrontarse con quienes los intimidan; reclaman condiciones para vivir de su trabajo y proteger a sus hijos. Mientras esa seguridad no se traduzca en una presencia sostenida y resultados concretos, el miedo seguirá ocupando el lugar que antes pertenecía a la vida comunitaria.
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