Las autoridades y comunidades indígenas de San Pedro Quiatoni exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador cancelar la concesión y operación de la minera estadunidense Don David Gold México y de dos empresas mexicanas más al señalar que han causado la contaminación de ríos y destrucción de varias viviendas en su territorio.
Además, pidieron acatar el fallo de un juzgado de Distrito emitido en febrero del 2020 que resolvió a su favor una suspensión definitiva a los trabajos de extracción de oro y plata en la mina “El Águila” por cometer una violación de los derechos de consulta previa de la comunidad enmarcados en los acuerdos del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De acuerdo con el expediente 178/2020, el Comisariado y el Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales de San Pedro Quiatoni, así como el Comité Pro-Defensa del Territorio denunciaron que durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Economía, la Subsecretaría de Minería y la Dirección General de Minas federales, quebrantaron sus derechos a la tierra y el territorio, a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado, así como el derecho un medio ambiente sano al autorizar la operación de la factoría dentro de su territorio.
De acuerdo con la denuncia de las autoridades de San Pedro Quiatoni, las minera Don Gold México y otras dos nacionales más han realizado excavaciones subterráneas para la construcción de túneles utilizando dinamita en una longitud de 790 metros en su territorio comunal, a partir de la línea de colindancia de sus documentos de propiedad agraria con los municipio de San José de Gracia y San Pedro Totolapa para realizar la extracción de oro, plata, cobre y zinc.
Además, denunciaron que, como consecuencia de estos trabajos, han afectado a su patrimonio y el medio ambiente por la contaminación que ha causado a ríos, mantos freáticos y pozos, por el desecho de materiales pesados.
Las autoridades municipales y agrarias, junto con sus abogados, advirtieron que a través de la legal están exigiendo respeto al fallo judicial porque se está incurriendo en un desacato judicial.
Además, pidieron al gobierno federal y estatal aplicar las multas correspondientes por la contaminación a los recursos naturales, y pedir el pago de indemnizaciones a los afectados por los daños directos y colaterales.
A los juzgados de distrito, las autoridades locales le reclamaron su retraso para expedir una sentencia definitiva al juicio de amparo, mientras que también piden la cancelación de las concesiones autorizadas a la minera.
Según la queja expuesta por las autoridades agrarias y municipales de San Pedro Quiatoni, las constantes explosiones subterráneas con dinamita han generado temblores que han dañado viviendas y la infraestructura de su municipio.
Además, el daño ambiental al ecosistema ha causado escasez de agua, enfermedades entre los pobladores, y muerte de especies silvestres y peces en los ríos.
JLMR