El Poder Judicial de Michoacán confirmó la sentencia de 50 años de prisión contra Diego Urik, quien asesinó a la joven Jessica González Villaseñor en septiembre de 2020.
El 27 de enero, la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal Región Morelia emitió dicha la resolución, en la que señaló que la pena deberá computarse a partir del 30 de septiembre de 2020, además de la ratificación de un pago de la reparación del daño en favor de las víctimas indirectas.
El sentenciado deberá pagar un millón 246 mil 986 pesos por indemnización y gastos funerarios, así como la reparación del daño moral derivado de afectaciones psicológicas a los familiares de la joven; este monto será determinado al ejecutar la sentencia.
¿Qué se sabe del feminicidio?
Jessica González Villaseñor tenía 20 años y trabajaba como profesora. De acuerdo con información del expediente, el feminicida sostuvo relaciones sexuales de manera violenta con la joven y le ocasionó diversas lesiones en el cuerpo, principalmente en la cabeza y el rostro.
Luego de cuatro días de reportarse como desaparecida, su cuerpo fue encontrado entre los árboles cercanos al fraccionamiento donde vivía Diego Urik, quien huyó al estado de Jalisco, pero fue detenido pocos días después.
Desde entonces comenzó un largo proceso que incluyó decenas de audiencias, la presentación de más de 100 pruebas y muchos testigos, entre ellos ex amigos de Diego, quienes declararon en su contra.
Agresor apeló sentencia en octubre
Tras ser condenado 50 años de cárcel, en octubre de 2025, el agresor apeló la sentencia bajo el argumento de que tenía 18 años cuando cometió el delito y, por lo tanto, su juventud debía tomarse en cuenta para gozar del derecho de reinserción social.
Posteriormente, una sala del Tribunal Superior de Michoacán redujo la pena a 42 años y seis meses de prisión. El fallo fue impugnado por la familia de la víctima a través de un amparo, pero un Tribunal Federal confirmó la resolución.
El asunto llegó a la Corte porque la familia de Jessica González interpuso un amparo directo en revisión.
La ministra Loretta Ortiz Ahfl propuso amparar a la familia y ordenar dejar sin efecto la sentencia, con el objetivo de emitir una nueva resolución sin tomar en cuenta el tema de la reinserción social. La propuesta fue avalada por unanimidad.
La togada señaló que: “la reinserción social no es un factor que los juzgadores deben atender a efecto de individualizar la sanción penal".
Por su parte, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, comentó que la saña con que se cometió el crimen obligaba a revisar el actuar de la autoridad que disminuyó la pena, por lo que se debían revalorar estas circunstancias.
Con información de Rubén Mosso y Francisco Valenzuela
ksh