La comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso de Morelos admitió la solicitud de juicio político contra el ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreú y dos de sus colaboradores, anunció el legislador José Casas González.
El legislador afirmó que la comisión que encabeza encontró los elementos suficientes para aceptar y radicar el procedimiento contra el ex mandatario estatal, quien dejó el cargo el último día de octubre de 2018, al igual que sus ex secretarios de Hacienda, Jorge Michel Luna y de la Contraloría, Adrian Flores Garza, quienes también están dentro de la misma demanda.
Casas González destacó que la propuesta de auto radicación de la demanda de juicio político fue apoyada por los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PES y Morena, en tanto que el PRD –el partido del ex mandatario—Nueva Alianza y el PT, se abstuvieron de votar el dictamen.
Graco Ramírez Garrido Abreú y los ex funcionarios mencionados fueron acusados por el mismo Congreso estatal de faltar a sus responsabilidades al dejar sin ingresos a la Fiscalía General del Estado de Morelos, que no recibió las ministraciones económicas adjudicadas por la ley durante 2018, por un monto superior a los 120 millones de pesos.
También, son acusados de poner en peligro el desarrollo y culminación del proceso electoral –incluida la jornada electoral—al no entregar de forma indicada por la ley, más de tres millones de pesos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), también durante 2018.
La comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso estatal estableció un plazo legal de 15 días para que el ex gobernador y los ex funcionarios sean notificados y posteriormente podría recibirlos para que ellos pueda argumentar lo que requieran a su favor. Acto seguido, la comisión legislativa emitirá el dictamen correspondiente y deberá turnar el caso al pleno legislativo.
La ley local establece que el ex gobernador y los ex funcionarios debieron ser sometido a procedimiento de Juicio Político durante el primer año posterior al término de su encargo. La Junta Política y de Gobierno del Congreso estatal recibió la demanda pocos días antes de cumplirse este plazo y en caso de ser encontrados culpables, ni el ex gobernador ni sus ex colaboradores tendrían un procedimiento penal en su contra debido al nivel de las responsabilidad enderezadas, aunque serían sancionados con la inhabilitación administrativa.
RLO