Congreso de Quintana Roo fortalece ley contra usurpación de identidad por IA

Será considerado responsable aquel que suplante, utilice, transfiera, se apropie o se apodere de los datos personales de otra persona sin autorización del titular.

Congreso de Quintana Roo, donde se aprobó un ajuste al código penal en materia de usurpación de la identidad con IA | Especial
Pablo Vázquez
Quintana Roo, México /

Diputadas y diputados del Congreso de Quintana Roo aprobaron ajustes al Código Penal para precisar el delito de usurpación de identidad, incorporando ahora la inteligencia artificial.

El dictamen, propuesto por el diputado del Partido del Trabajo, Hugo Alday, establece penas de seis meses a seis años, además de multas de hasta 400 días para quienes cometan este ilícito.

Estas sanciones aplican tanto a quienes utilicen métodos tradicionales como a aquellos que empleen tecnologías de la información y comunicación avanzadas, incluida la inteligencia artificial, para cometer el delito.

Adicionalmente, se establece que será considerado responsable quien suplante, utilice, transfiera, se apropie o apodere de datos personales de otra persona sin autorización, ya sea que los haya obtenido mediante error o engaño.

“De esta manera, se reconoce la importancia de salvaguardar la privacidad y la integridad de los ciudadanos en un mundo cada vez más digitalizado”, expresó el legislador.

¿Cambiarán el proceso de nombramiento en Quintana Roo?

El diputado Hugo Alday también presentó una iniciativa de reforma que propone modificar el proceso de nombramiento del Oficial Mayor y del titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de los ayuntamientos.

Actualmente, la responsabilidad recae en el presidente municipal, sin necesidad de aprobación del Cabildo. Según la propuesta, el nombramiento de estos cargos sería sometido a votación del Cabildo.

El legislador resaltó la importancia de garantizar que los funcionarios municipales cuenten con los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios. 

Señaló que esta medida busca prevenir casos de corrupción en el ejercicio de funciones públicas, especialmente en áreas como la Oficialía Mayor, encargada de gestionar licitaciones y adquisiciones de bienes y servicios.

La propuesta incluye modificaciones a varios artículos de la Constitución y la Ley de los Municipios, detallando los cambios en los procesos de nombramiento y las responsabilidades de los funcionarios municipales. La iniciativa será sometida a consideración y votación en futuras sesiones de la legislatura.

Cabe mencionar que durante la entrega-recepción de varios municipios en el último proceso electoral en los que estuvieron involucrados los oficiales mayores, se reportaron casos como la venta irregular de terrenos, adjudicaciones directas en licitaciones y pagos de nómina sin registro contable, entre otros.

MO

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