Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala la congelación de las cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin orden judicial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Laguna, manifestó su preocupación por el riesgo que representa para las Pymes laguneras y la afectación a la confianza para invertir.
Aunque sea fundamentada como una medida preventiva para frenar presuntos actos de lavado de dinero, la presidenta de la Coparmex Laguna, Mary Carmen Reyes García, expresó que es una acción que se valida cuando no están asentados ciertos criterios como las reglas claras o controles en materia judicial ni los mecanismos de transparencia.
“Esta decisión genera incertidumbre en el país y debilita el Estado de derecho; vemos que cuando una autoridad puede restringir recursos sin control judicial previo, se afecta la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, se afecta la percepción de riesgo”, dijo.
Cabe señalar que la resolución deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 y valida la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Por una mayoría de 6 votos contra 3, se determinó que el bloqueo de cuentas procede cuando la UIF cuente con "indicios suficientes" de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.
Como propuesta de la Coparmex, la presidenta de la delegación Laguna expuso que exhortaron al poder legislativo aspectos como definir la ruta de “supuestos” que estarán justificando el bloqueo de las cuentas, es decir, establecer criterios, sus procedimientos y su verificación. “Queremos que se defina en qué momento y en cuáles condiciones se puede bloquear una cuenta”.
“Queremos saber quiénes definirán las cuentas a congelar y la capacidad, los perfiles y el conocimiento que deberían tener para hacer estas acciones. No solo es que el bloqueo surta efecto en el momento de manera expedita; creo que es necesario mostrar los procesos, las notificaciones y quiénes serán los actores”.
Entre las implicaciones en materia económica que trae esta modificación, además de la incertidumbre, Reyes García resaltó la desconfianza de inversión que genera en empresas nacionales y extranjeras, sobre todo de reinvertir en México, en los casos de las empresas ya instaladas.
“Con estas condiciones, la atracción de inversión ahora también se está ocupando para que las empresas establecidas sigan en México, mantener esas inversiones y realizar ampliaciones”.
Resaltó que en La Laguna se resentirá una afectación, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de las grandes empresas que puedan resultar afectadas. “Habría afectación en el pago a proveedores o en la misma operación en lo que se investiga un presunto ilícito”.
“No hay un equipo legal o un soporte técnico que en determinado momento nos pueda defender. Por ello, como confederación pondremos los mecanismos y asesorías, aunque no estamos para estar defendiendo, sino para prevenir. Antes había mecanismos de transparencia y de contraloría, incluso en las instituciones públicas, que ya no están”, lamentó.
Otras de las peticiones de la Coparmex van en relación con garantizar la notificación inmediata al titular, con fundamentos que permitan ejercer su defensa, además de crear un régimen de responsabilidad cuando existan afectaciones derivadas de actuaciones infundadas. Asimismo, se pide incorporar criterios de transparencia mediante la publicación periódica de información sobre el uso de estas facultades.
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