La Coparmex Laguna se manifiesta en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala la congelación de las cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que consideran que no está claro el proceso para determinar si una cuenta debe o no ser congelada como medida ante posibles casos de recursos de procedencia ilícita
La presidenta del organismo, Mary Carmen Reyes, en rueda de prensa indicó que no están definidas las reglas claras ni los criterios en cuanto a controles en materia judicial ni los mecanismos de transparencia, lo que pone en riesgo la credibilidad de las empresas para invertir en el país y, sobre todo, las continuidad de las ya instaladas.
Esta resolución se deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 y valida la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Por una mayoría de 6 votos contra 3, se determinó que el bloqueo de cuentas procede cuando la UIF cuente con "indicios suficientes" de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.
Efecto dominó que afectaría Mipymes
Afirmó que el bloquear las cuentas sin una orden judicial previa y basada en indicios suficientes, será un tema de percepción o de criterio, además de poner en riesgo la defensa de los posibles afectados y de frenar operaciones en las empresas, lo que atraería un efecto dominó que termine en afectación en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y de paso al consumidor.
“Lo que determinamos es que haya una sanción anticipada pero ante un proceso, y este proceso no nos ha quedado claro. Hemos revisado que este bloqueo cautelar sin intervención de un juez es de manera arbitraria. Este sistema de justicia está siendo juez y parte”.
Así, lamentó que esta medida será una “sanción anticipada” que funciona en la práctica como un castigo económico inmediato antes que se muestre cualquier culpabilidad probada, que a la postre deja al afectado en desventaja procesal.
En tanto, dijo que las Mipymes están en la línea de fuego ante esta resolución. Recordó que representan hasta el 99.9 % de las unidades económicas y el 70 % del empleo del país, con lo que el efecto colateral podría acabar en alto riesgo de cierre al carecer de áreas jurídicas y reservas financieras para un litigio prolongado.
Mary Carmen Reyes apuntó que el día uno del bloqueo cautelar la empresa amanece sin acceso a sus cuentas sin notificación previa, lo que dejará para el día 2 al 5 un efecto de parálisis de efectivo que imposibilita el pago de nómina a los trabajadores y obligaciones fiscales y del día 6 al 15 hay ruptura de operaciones por incumplimiento a proveedores y finalmente cierra.
¿Qué propone Coparmex?
Así, la Coparmex pide criterios objetivos al definir legalmente lo que constituye un “indicio suficiente” para eliminar la ambigüedad; un control judicial previo en el que un juez competente revise y valide la medida antes o de forma expedita; una defensa inmediata y notificaciones transparentes y automáticas al titular para garantizar su derecho de réplica.
Además exhorta a que haya mayor responsabilidad a crear un régimen de sanciones para la autoridad en caso de afectaciones por actuaciones infundadas, así como mayor transparencia con la publicación periodística de datos sobre el uso de estas facultades como el bloque de cuentas.
icrm