El 10 de enero de 2022 quedará marcado como una de las fechas más vergonzosas y alarmantes en la historia reciente de Puebla, pues el cuerpo de un bebé de apenas tres meses de edad, fue hallado en un contenedor de basura al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel tras ser exhumado de un panteón de Iztapalapa, en la Ciudad de México, lo que destapó varias inconsistencias en la operación de las cárceles poblanas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) se hizo cargo de las investigaciones, mismas que culminaron con “el esclarecimiento total” del caso el 3 de febrero, en el que se aprehendió a cinco personas, dos mujeres y tres hombres, por su participación directa en la introducción del cuerpo; además, detuvo a 17 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entre mandos y custodios, que tuvieron participación indirecta en el caso al ser omisos en el desempeño de sus funciones.
Para el 9 de febrero la Fiscalía informó que obtuvo la vinculación a proceso de Nadia Carolina “N”, visitante del penal; Jessica “N” y Gerardo “N”, custodios en el sitio, así como de los internos Antonio “N” y Sergio “N”, a quienes se les responsabiliza por la planeación y operación para ingresar el cuerpo de Tadeo al Cereso.
Ante este hecho, el pasado 4 de febrero, el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que el cuerpo del bebé se introdujo en San Miguel por una disputa entre grupos rivales que buscaban controlar el reclusorio, por lo que descartó que la presencia del cadáver estuviera relacionada al tráfico de drogas o a la realización de rituales esotéricos.
El propio actuar de las autoridades tras el escándalo por el cuerpo del menor da cuenta de que los supuestos responsables causaron el impacto deseado, ya que provocaron la destitución de Rogelio López Maya como secretario de Seguridad Pública (SSP) y de Alfredo Vargas Quintanilla como subsecretario de Centros Penitenciarios, puestos a los que arribaron el 24 de enero Daniel Iván Cruz Luna y Jorge Pérez Melchor, respectivamente.
Dos días después, Barbosa eligió a María del Rayo Mendoza Farfán como nueva directora del penal de San Miguel, lugar que estaba vacante desde junio de 2021 por la detención del director anterior, Jorge Gómez Torres, a quien se le vinculó a proceso por permitir la fuga de Felipe Hernández Tlatelpa, El Pirulí.
Al corte de 2021, en el penal de San Miguel habitaban 4 mil 851 reos aunque está diseñado para albergar hasta 2 mil 100 internos; ante ello, el gobernador Miguel Barbosa planteó la posibilidad de dividir en dos las instalaciones del Cereso, lo que tendría un costo de 2 mil millones de pesos pero no hay fecha establecida para iniciar el proyecto.
Cárceles de Puebla, con mal desempeño
En enero pasado la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla publicó los resultados de las evaluaciones de funcionamiento que realizó a 15 Centros de Reinserción Social (Cereso) y al Centro de Internamiento Especializado Para Adolescentes (CIEPA) del estado, obteniendo una calificación promedio de 6.
El organismo identificó que la mayoría de los presos en Puebla viven en condiciones de poca o nula higiene, con hacinamiento, sin acceso a servicios de salud y sin espacios definidos para alimentación o actividades recreativas que permitan una reinserción social verdadera.
La Comisión indicó que las peores cárceles de la entidad son las de Acatlán de Osorio y Huejotzingo, con 5.2 puntos de 10 posibles; al igual que las de Tecamachalco y Huauchinango, con 5.4 puntos; la de San Pedro Cholula con 5.7 puntos; y la de Chignahuapan, con 5.8 puntos.
Los nueve penales restantes y el Ciepa tuvieron una evaluación “aprobatoria, con áreas de oportunidad”, pero apenas por arriba de los 6 puntos. La CDH indicó que el mejor de todos está en Xicotepec de Juárez, con 6.9 de calificación, a cargo de Iván López Granados y donde al momento de la evaluación apenas había 77 personas privadas de la libertad que carecen de un especialista en área de psiquiatría y criminología.
Por el contrario, los peor evaluados se encuentran en Acatlán de Osorio y Huejotzingo; en el primero, con 106 reos en 2021, la Comisión detectó distintas carencias como ausencia de agua caliente para ducharse; inexistencia de un área delimitada como comedor; sistema de ventilación deficiente, baños en mal estado y ausencia de electricidad en la cocina.
En el segundo, con una población de 278 internos el año pasado, se encontró que los sanitarios no cumplían con la higiene, los colchones en el área de visita íntima estaban sucios y varias partes del centro penitenciario concentraban olores desagradables; asimismo, el director Luis Enrique Huerta Ramos ha sido acusado de cobrar cuotas ilegales para permitir visitas y acosar sexualmente a internas.
Hay escándalos en otros penales
Las irregularidades no es exclusiva del penales de San Miguel, ya que los ubicados en Huauchinago, Tehuacán, San Pedro Cholula y Chignahuapan también se han visto envueltos en escándalos, principalmente, por el actuar de sus directores.
El caso más reciente ocurrió el 14 de febrero en Tehuacán, donde un reo identificado como Gregorio “N” fue hallado sin vida con diversos golpes en el cuerpo al interior de su celda, aparentemente, por una riña con su compañero, pero que ha provocado la investigación de todo el personal de custodios.
Previo a ello el centro penitenciario tehuacanero ha estado en el ojo del huracán, ya que en febrero de 2021 el exdirector Osvaldo Anastacio Cuautle Cielo fue removido del cargo y detenido por extorsionar y cobrar cuotas para brindar protección a las personas privadas de la libertad.
Su predecesor, José Alfredo Osrthron Gutiérrez, también salió por la puerta de atrás al permitir en agosto de 2020 la organización de fiestas entre los reos, hizo a un lado el reglamento y la alerta de cuidado sanitario por la pandemia de covid-19.
El Cereso de Huauchinango es otro que dio de qué hablar en enero pasado, ya que su ahora exdirector, Lenin Ramírez, fue acusado de utilizar el inmueble para resguardar un caballo de su propiedad y solicitar dádivas a familiares de los reos. El caso llegó a oídos del gobernador, quien exigió su salida y nombró a Teresa Montserrat Islas Vergara en su lugar.
El 28 de octubre de 2021, la exdirectora del penal de San Pedro Cholula, Faviola Sánchez, fue relevada por permitir la fuga de un reo, quien supuestamente salió caminando por la puerta principal; meses atrás ya había sido investigada por tener probables nexos con José Antonio “N”, exjefe de seguridad del mismo sitio que fue sorprendido cuando comercializaba drogas entre los reclusos. Su lugar fue tomado por Arturo Cruz Andrade.
A la lista se suma el penal de Chignahuapan, donde en julio de 2021 su directora Lucero Nelly Mayo Vega enfrentó una investigación de la CDH Puebla por mantener esposada, desnuda y sin comer a una interna.
AFM