Tras los problemas agrarios que enfrentan las comunidades choles y tzeltales en la Selva Lacandona, la propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para crear una Reserva Biocultural en Montes Azules en Chiapas es ilegal, así como la posible desincorporación de tierras del área protegida, indicó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
De concretarse, dicha organización advirtió que emprenderá los procesos para sancionar administrativa y penalmente a los responsables.
"La propuesta de una posible desincorporación de algunas partes de la superficie sujeta a conservación en Montes Azules constituiría, por una parte, la contravención del principio internacional en materia ambiental de no regresión y, por otra, la violación al principio de progresividad que impera en derechos humanos.
"Desincorporar no es un camino jurídicamente viable y en todo caso implicaría iniciar procesos de responsabilidad administrativa y penal para investigar y sancionar a los responsables", expresó Gustavo Alanís, director ejecutivo de Cemda, a través de una carta dirigida al titular de la Semarnat, Víctor Toledo, y al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Roberto Aviña.
El documento, del cual MILENIO tiene copia, con sello de acuse de la Semarnat fechado el pasado 14 de noviembre de 2019, indica que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no contempla la figura de reservas bioculturales.
Pero en el plano jurídico existen alternativas para conjugar los objetivos de conservación con los derechos de los pueblos indígenas, como se dispone en los artículos 47 de dicha ley, así como el 6 y 7 de su reglamento, donde se posibilita que los pueblos indígenas administren las ANP’s previa firma de un convenio de concertación.
"Las dependencias a su cargo tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para la debida conservación de Montes Azules y el goce de derechos por parte de los pueblos indígenas; jurídicamente no es posible sacrificar superficie alguna dedicada a la conservación", sostiene el documento.
Además, destacan la obligación de las dependencias de garantizar el derecho de información y participación en la toma de decisiones respecto del plan que se ponga en marcha sobre la Reserva de Montes Azules, por lo que exigen explicar lo antes posible de manera completa, suficiente y clara la ruta administrativa que se proponen recorrer.
"La mejor forma de conservar Montes Azules pasa porque las dependencias a su cargo pueden garantizar las condiciones para un diálogo intercultural e interdisciplinario", explica.
El abogado ambiental destaca la crisis por la que atraviesan las Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) debido al abandono institucional como la falta de programas de manejo, reducción de presupuesto y pérdida de personal, además de su sometimiento a los proyectos de desarrollo.
"La Semarnat y la Conanp tienen la libertad que les da el marco jurídico aplicable para mejor determinar cómo enfrentar esta situación; sin embargo, hacemos énfasis en que la crisis ambiental que se ha vivido por años en el área natural protegida de Montes Azules constituye per se una violación al derecho al medio ambiente sano de las personas y los pueblos", indica.