La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que los daños causados por el incendio del pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ascienden a poco más de un millón 860 mil pesos.
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Además de la muerte de 40 migrantes y las lesiones de 25 indocumentados más, el Ministerio Público de la Federación también le imputa a Antonio Molina, director General de Control y Verificación Migratoria del INM, los daños materiales ocasionados a este centro de detención.
Durante la audiencia inicial de este viernes en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, los representantes de la FGR revelaron que, recientemente, la estación migratoria habría sido remodelada, a fin de ampliar su capacidad, al pasar de 40 a 80 migrantes en el área de hombres; y de 20 a 25 en la de mujeres.
Como uno del centenar de datos de prueba expuestos durante la comparecencia judicial, los agentes del Ministerio Público de la Federación remitieron a un oficio -con fotografías incluidas- enviado por el contralmirante Salvador González, encargado de Migración en Chihuahua, al director General de Control y Verificación Migratoria para notificarle sobre estos trabajos de remodelación.
Con esto, los representantes de la FGR buscan demostrar que Antonio Molina tenía conocimiento de las condiciones estructurales de la estación migratoria de Ciudad Juárez, las cuales no cumplían con la normatividad en materia de Protección Civil y seguridad industrial.
Después del comisionado Francisco Garduño, Antonio Molina es el funcionario de más alto rango del INM imputado por la muerte de los 40 migrantes; ambos por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
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