La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ensució la investigación del caso Dafne, señalaron los abogados defensores de Danna Yanina, la única acusada por el presunto homicidio de la adolescente al participar en un campamento de verano de una Academia Militarizada en Ciudad Madero, al puntualizar un proceso con muchas anomalías.
Entorpecimiento en investigación
Miguel Ángel Pérez Román, quien forma parte de la defensoría de la menor detenida y presentada esta mañana en audiencia que se realiza en el Centro Integral de Justicia en Altamira, mencionó que desde el momento que muchas personas entraron a las instalaciones de la escuela se entorpecieron las averiguaciones previas por parte del Ministerio Público.
Lo anterior surge como reacción a las declaraciones realizadas por el fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco, un día antes, asegurando que existían los elementos suficientes para nicolar al proceso a la joven que formaba parte del plantel dirigido por Jorge Luis Ponce.
“Ellos van a presentar sus argumentos como nosotros haremos los propios, pero sí consideramos es que al momento de realizar las averiguaciones pertinentes, vemos que muchas personas entraron al hogar de los hechos, las pruebas se ensuciaron y entorpecieron las averiguaciones”, apuntó.
A su vez, reiteró lo expresado por sus compañeros en no llamar a comparecer tanto al titular del instituto, sus subalternos y todo aquel personal alrededor de la muerte de la adolescente de 13 años por ahogamiento.
“Nosotros llevamos el caso con mucho sigilo, no hay muchos datos. El propio Ministerio Público pudo haber determinado las órdenes de aprehensión correspondientes, hay acciones flagrantes pero le toca a la autoridad. Como defensores nuestro trabajo es comprobar la inocencia de Danna Yanina”, dijo Pérez Román.
Influencia de la opinión pública
La principal preocupación es la influencia de la opinión pública hacia su cliente, reconoce existen muchas opiniones que piden castigo hacia la jovencita sin todavía comprobante su verdadera culpabilidad de los hechos.
“Se entiende la presión mediática que está surgiendo por este caso y el enojo de la sociedad civil. El realizar una vinculación a proceso bajo esta presión no es favorable, como tampoco lo correcto para un tribunal dejarse llevar”, concluyó.
AA