M+.- Mucho antes de que el nombre de Ernesto Ruffo Appel volviera a ocupar titulares por su proceso penal en el Altiplano, cuatro agentes de la entonces Policía Judicial del Estado de Baja California aseguraron que durante su gobierno existía una red de protección institucional para el Cártel Arellano Félix.
Aquella denuncia no quedó en rumores: incluyó declaraciones ministeriales, nombres de comandantes, mandos y agentes, copias de credenciales oficiales presuntamente expedidas a integrantes del grupo criminal y señalamientos que alcanzaban al primer gobernador de oposición en la historia de México, emanado del Partido Acción Nacional.
Treinta y tres años después, casi todos los protagonistas desaparecieron de la escena. Uno de los policías fue asesinado. Los otros tres terminaron involucrados en actividades ilícitas para sobrevivir.
Muchos de los funcionarios señalados murieron o dejaron la vida pública. Solo un hombre continúa vivo, libre y sostiene públicamente la misma versión que hizo hace más de tres décadas: el académico y antropólogo Víctor Clark Alfaro.
La entrevista para MILENIO ocurre en la oficina del Centro Binacional de Derechos Humanos, en Tijuana.
Ahí, dentro de un archivero, todavía conserva las fotocopias del expediente que aquellos cuatro agentes le confiaron en 1993.
Esos documentos comenzaron a llegar a sus manos mientras investigaba denuncias de tortura dentro del Centro de Readaptación Social de La Mesa. Los policías buscaron acercarse a él porque, aseguraban, lo que ocurría iba mucho más allá de abusos contra internos.
Decían que existía una estructura de protección al Cártel Arellano Félix desde la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Las memorias de Clark Alfaro siguen frescas
Las primeras revelaciones las hizo públicamente y, según recuerda, eso llamó la atención de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
“Eran denuncias públicas”, platicó.
Por eso lo contactó Carolina Vela, procuradora de Asuntos Metropolitanos de la PGR en la Ciudad de México, quien quería saber de dónde había obtenido la información sobre la presunta corrupción en el gobierno de Ruffo y la venta de credenciales oficiales de la Procuraduría a integrantes del cártel.
“Y la señora me dijo: 'Hay instrucciones precisas del procurador, del presidente de la República Salinas de Gortari, de proceder en contra de este gobierno'”, recordó.
Le solicitaron ampliar la información y presentar denuncias penales.
Por razones de seguridad, las reuniones nunca se realizaron en la oficina donde Clark trabajaba habitualmente.
Tres semanas después, cerca de la medianoche y en un inmueble distinto, Carolina Vela recibió formalmente las declaraciones ministeriales de los cuatro policías, así como la documentación que entregaban.
No era una denuncia cualquiera en Baja California
Los agentes identificaron por nombre a comandantes, mandos y agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado que, según ellos, protegían a la organización criminal. También denunciaron la presunta expedición y venta de credenciales oficiales de la corporación a integrantes del Cártel Arellano Félix. También entregaron copias de los documentos.
“Ahí nos reunimos a las doce de la noche con los informantes nuestros. Declararon, hicieron denuncias ya penales, presentadas. La señora nos dijo: Esperen noticias en una semana (…) Nunca llegaron, por lo menos en el discurso así nos dijo el procurador y así nos dijo la licenciada Carolina Vela: que iban a arrestar al gobernador y al procurador”, recuerda Clark.
El expediente fue enviado a la entonces Procuraduría General de la República, encabezada por Jorge Carpizo McGregor, y, según Clark, también llegó al conocimiento del presidente Carlos Salinas de Gortari.
Entre los señalamientos aparecía el nombre de Claudio Ruffo, hermano del entonces gobernador.
“Pero además había otro ingrediente, que el hermano del gobernador, al que también denunciamos en público, tenía una relación de carácter comercial y de negocios con los hermanos Arellano. El negocio de inmobiliarias y de otros, creo que también de farmacias”, afirmó.
Para Clark, la investigación nunca prosperó por razones políticas.
De hacer historia en el norte a la protección del cártel
Ernesto Ruffo Appel había hecho historia apenas unos años antes al convertirse en el primer gobernador de oposición en México, emanado del Partido Acción Nacional, rompiendo décadas de hegemonía priista en una entidad federativa.
Investigar penalmente a ese gobierno, sostiene, habría significado un golpe político de dimensiones nacionales.
“Razones políticas se atravesaron y nos pusieron más en riesgo porque estos jóvenes que presentaron la denuncia penal con un Ministerio Público de aquí de Tijuana, ya ellos tenían toda la información y los nombres de los informantes”, señaló.
Las pruebas que entregaron los cuatro agentes eran igual de delicadas.
Conservaron copias de credenciales oficiales que presuntamente fueron expedidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado a integrantes del Cártel Arellano Félix.
Algunas originales, las aseguraron autoridades de Jalisco durante las investigaciones por el enfrentamiento entre hombres de Joaquín El Chapo Guzmán y los Arellano Félix en la discoteca Christine, de Guadalajara, ocurrido el 8 de febrero de 1992, donde murieron varias personas.
Entre las credenciales que entregaron los policías, figuraba una expedida a nombre de Gustavo Miranda, identidad utilizada por Javier Arellano Félix, El Tigrillo, quien años después, el 16 de agosto de 2006, fue capturado por autoridades estadunidenses en aguas internacionales frente a las costas de Baja California.
Otras credenciales conservadas en el expediente contienen las firmas de Eduardo Krauss Coronel, primer procurador de Justicia del Estado durante el gobierno de Ruffo Appel, y de Juan Francisco Franco Ríos, quien fue el segundo procurador del mismo sexenio.
Clark decidió comprobar la firma de quien aún estaba como procurador.
Pagó 800 dólares para que especialistas en San Diego (Estados Unidos) realizaran un estudio grafoscópico sobre la rúbrica de Franco Ríos.
El resultado confirmó, según relata, que correspondía a la misma firma estampada en las credenciales.
"Dejé de tener rutinas": el acoso desde los años 90
Con ese dictamen convocó a una conferencia de prensa para denunciar públicamente la presunta expedición de identificaciones oficiales a integrantes del Cártel Arellano Félix.
“Yo no digo que el señor (Ernesto) ordenó esa relación, no tengo pruebas, pero sí en el momento denunciamos la venta de credenciales de la Procuraduría del Estado a los hermanos Arellano entre 8 y 10 mil dólares. Nosotros teníamos las pruebas y así lo denunciamos”, sostuvo.
Poco después descubrió que también él era vigilado.
En el teléfono fijo de su oficina encontraron instalado un sofisticado micrófono para escuchar todas sus conversaciones.
Al mismo tiempo, los cuatro policías le informaron que dos “madrinas”, como se conocía a colaboradores de la Policía Judicial que no pertenecían oficialmente a la corporación, permanecían vigilando tanto su oficina como su domicilio.
“Me seguían para todos lados y yo no me había dado cuenta”, relató.
Desde entonces dejó de tener rutinas fijas. A finales de 1993 recibió una llamada del procurador general de la República, Jorge Carpizo McGregor, quien le ofreció protección federal.
Clark la rechazó porque consideró que todavía podía protegerse por sí mismo:
- Semanas después volvió a sonar el teléfono.
- Carpizo ya ocupaba la Secretaría de Gobernación.
- La conversación fue distinta.
- Ya no era una invitación.
- Era una decisión del Estado.
“Ya en enero del 94, me dijo: 'Oye, tu vida es un asunto de seguridad nacional, tu vida está en grave riesgo…'”, mencionó Víctor.
Carpizo le explicó que Jorge Madrazo Cuéllar, entonces procurador nacional de los Derechos Humanos, también se comunicaría con él para dar seguimiento a las medidas de protección.
“Ese día a las siete y media de la noche llegaron a mi casa seis escoltas, eran policías municipales y dos patrullas que estuvieron a mi disposición por muchos años”, mencionó sobre la custodia que mantuvo durante 18 años y que, con el paso del tiempo, terminó reducida a solo dos elementos.
Los cuatro policías también recibieron apoyo.
“Le pedimos que por lo menos los hiciera agentes federales. Y sin pasar por la academia y sin ningún trámite burocrático, el doctor Carpizo; a ellos, los jóvenes, los muchachos, que habían ido conmigo a México”, le habló a uno de los subprocuradores y le dijo: “A estos me los haces agentes de la Policía Judicial Federal y se les va a dar un salario por todo el apoyo que nos dieron”, contó.
Pero esa protección no fue suficiente. En Tijuana, otros agentes descubrieron que colaboraban con las investigaciones federales. Rafael López Cruz fue asesinado.
“Lo que me dolió mucho porque ya éramos amigos en aquel entonces”, lamentó Clark.
Los otros tres policías, asegura, terminaron involucrados en actividades ilícitas para mantenerse con vida.
Los años siguieron aportando episodios que alimentaron las sospechas sobre la cercanía de personajes políticos con el Cártel Arellano Félix.
Medidas estrictas y su vida al corte
Años después salió a la luz un video en el que el entonces primer alcalde de oposición de Tijuana, Carlos Montejo Favela, aparecía en una fiesta de una hija de Benjamin Arellano Félix. El expresidente municipal falleció el 22 de enero de 2024.
Para Clark, el punto central nunca cambió.
“Nosotros lo señalamos públicamente de omiso porque no era, decíamos en esos años, que no era posible que el gobernador no supiera que estaban vendiendo credenciales, que no supiera que muchos comandantes de sus corporaciones estaban vinculados”, sostuvo.
Incluso recuerda que antes de todo ese caso llegó a reunirse con Ruffo en Mexicali, cuando apenas iniciaba su administración.
“Ya en esas cosas uno no puede meter las manos al fuego. Lo cierto es que su gobierno se coludió con los hermanos Arellano y en su gobierno se fortalecieron”, agregó.
- El expediente permanece prácticamente intacto.
- Las fotocopias siguen resguardadas en el mismo archivero.
- Y Víctor Clark conserva muchas de las medidas de seguridad que adoptó hace más de tres décadas.
- No utiliza teléfono celular.
- La única forma de contactarlo es mediante correo electrónico desde la computadora de su oficina: Así respondió a la solicitud para esta entrevista.
Treinta y tres años después, los cuatro policías que decidieron denunciar la presunta protección institucional al cártel más poderoso de México ya no pueden contar lo que ocurrió.
Uno fue asesinado, tres tomaron otros caminos para sobrevivir y solo permanece la voz del hombre al que le confiaron las pruebas. En ese archivero, hoja por hoja, continúa resguardada la historia de una denuncia que nunca prosperó y que, para Clark, quedó sepultada por el peso político que representaba investigar al primer gobierno de oposición del país.