La última imagen que Rocío Martínez tiene de su marido es la de una troca estacionada, en medio de la noche, con las luces traseras encendidas y un grupo de personas a un lado. Ese día, 25 de septiembre de 2021, un grupo de 13 personas, la mayoría de ellos migrantes mexicanos, desapareció en la zona desértica de Chihuahua, y desde entonces, son buscados por su familia y las autoridades que sospechan que La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez o el Cártel de Sinaloa, están detrás de los hechos.
Benigno Álvarez, esposo de Rocío, dejó a su familia y su hogar en Chihuahua para intentar ganar algo de dinero en Estados Unidos. La situación parecía segura porque el guía que trabajaba con el pollero que lo llevaría era primo de su esposa, pero se equivocó, porque nunca llegó a su destino y parece que a todo su grupo lo borraron del mapa.
La ruta que tomó el pollero, un tal José Pallares y a quien le pagaron más de 4 mil dólares por persona, era de por sí peligrosa. Un tramo desértico con una carretera rural entre la localidad de Coyame y Juárez, Chihuahua, una franja controlada por el sanguinario cártel de la Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez.
Las autoridades tienen una línea de investigación: que algún cártel levantó y desapareció a los migrantes, a su guía y hasta al pollero. Ya sea La Línea, por haber cruzado su territorio sin pagar una cuota obligatoria, o el Cártel de Sinaloa, por haber intentado evadir un camino controlado por su brazo armado y, quizá sin saberlo, haber ingresado al territorio de su enemigo a muerte.
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Javier López iba en el mismo grupo que Benigno. Era un mecánico chihuahuense que tenía planeado viajar algunos meses y regresar para las festividades con su familia con unos dólares más en el bolsillo. Su madre tuvo una última llamada con Javier momentos antes de su salida rumbo a Estados Unidos y ya no supo nada más de él. Días después una mujer la contactó en redes sociales. Decía tener información de un grupo de migrantes que salió de Coyame rumbo a Estados Unidos el 25 de septiembre de 2021 y le contó lo que un niño, que aseguraba haber atestiguado su secuestro, le contó.
“Había un niño que dijo que los habían levantado. No sé en qué parte, cuando ya iban por la brecha, pero que a él lo dejaron ir, que se fuera, y que a los otros los bajaron, los hincaron y les pusieron las manos hacia atrás y les taparon los hijos. Y que en eso se fue y ya no supo qué más hicieron con las personas. Dice que cuando iba bien lejos él oyó un disparo y a la media hora oyó otro disparo”, dijo María de la Luz Rodríguez, Madre de Javier.
El menor, cuya identidad es reservada, dice que fue el único sobreviviente al “levantón” de los demás. De acuerdo con la pesquisa, a la que los familiares y sus representantes han tenido acceso, el joven, que se encuentra en resguardo, ya llevó a las autoridades a recorrer la zona donde dice que ocurrieron los hechos pero sin resultados.
La fiscalía estatal, que asumió la investigación, ha realizado algunas búsquedas, pero según los propios familiares, ocurrieron demasiado tarde: tres meses después la desaparición. Además se quejan de la falta de recursos para los trabajos de búsqueda en campo y reprochan que sólo han podido asistir a una de las búsquedas en campo. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, que tomó el caso de los familiares de los migrantes, la mayoría madres y esposas, señala también que es debido a que las autoridades en la región están rebasadas y a que la policía estatal se encuentra en código rojo, tras la ejecución de dos policías en Ciudad Juárez.
“Hay una situación de violencia, de control territorial, de que tienen todo ese control pero que ejercen una violencia, desaparecen o matan a la gente con todas las facilidades del mundo. Matan porque saben que no pasa nada”, explicó Gabino Gómez, responsable del área de Personas Desaparecidas del CEDEHM.
Y es que los cárteles en la región, que heredaron o adoptaron la violencia y la estrategia militar de Los Zetas, se las han ingeniado para dominar las regiones desérticas y rurales al norte de Chihuahua. Tienen controlados, a través de halcones, los accesos y rutas de dichas regiones, en las que ahora cobran un derecho de piso para todas las actividades, legales e ilegales, que se quieran realizar en su plaza. Y a las autoridades locales, que ni se asoman por la zona, las tienen amenazadas o compradas.
Los familiares de los migrantes no pierden la esperanza de encontrarles algún día; sin embargo, están conscientes de que es necesario que las autoridades colaboren en las búsquedas e investigaciones. La Comisión Nacional de Búsqueda, que también ha tomado conocimiento del caso, hasta el momento no se ha acercado con los familiares y sus representantes para ofrecer su apoyo. El único acercamiento de la federación fue un avión del ejército que fue prestado por un par de días para una búsqueda.
“La Fiscalía trae líneas de investigación, no mucho en concreto. Ahorita están trabajando pero todo limitado, en recursos, en unidades, en elementos”, dijo Rocío Martínez, esposa de Benigno Álvarez, uno de los migrantes desaparecidos.
Los seres queridos de los migrantes han sufrido intentos de extorsión y de la incertidumbre de todos los días de no saber qué pasó con sus familiares. Mientras tanto, esa zona fantasma al noreste de Chihuahua sigue bajo la ley a sangre y plomo que los Cárteles de Juárez y de Sinaloa han forjado a través de los años, en una carrera por las rutas de drogas hacia Texas que parece no tener fin ni límites.
“La desaparición de las personas para una familia representa una tortura permanente. Porque cuando no saben dónde está, qué ha pasado, pasan los años y no se sabe nada de ellos, nunca pierden la esperanza de que esté vivo, y si está vivo, ¿dónde está?”, concluyó Gabino Gómez, del CEDEHM.
AMP/KL