La aprobación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas o la presencia de una Comisión de Búsqueda y de la Fiscalía General del Estado (FGE) no fueron suficientes para evitar que Puebla reportara un incremento de 130 por ciento en víctimas de desaparición durante enero 2022, frente al mismo mes del año anterior.
Una investigación realizada por MILENIO Puebla con base en boletines de búsqueda emitidos por la Comisión de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, a cargo de María del Carmen Carabarin Trujillo, permitió identificar que en el primer mes del 2022 se reportaron 30 casos de personas desaparecidas, entre menores de edad, mujeres y hombres; uno cada 24 horas con 48 minutos.
El dato anterior representa un aumento si se considera que en los primeros 31 días de 2021 hubo una víctima cada 32 horas con 20 minutos, con un total de 23 personas desaparecidas, de las cuales 13 siguen si ser localizadas.
Es el caso de Betzabé Alvarado Gallardo y Fabiola Narváez Rojas, de 23 y 25 años de edad, actualmente, quienes desaparecieron el 13 de enero de 2021 tras abordar una motocicleta en la colonia Villa Frontera con rumbo a la Central de Abasto para realizar un depósito bancario, pero a la fecha no hay rastro del paradero de ninguna de las dos. Ambas son madres y sus familiares denunciaron que pudieron ser víctimas del crimen organizado, aunque la FGE nunca confirmó dicha línea de investigación.
Otras personas como Nancy Viridiana Guerra Romero, Oscar Cortés Calihua, Dulce María Vega Jerónimo, Ruth Alondra Flores Tobón, Dulce Ivonne Sánchez Clemente, José Juan Ramírez Guzmán, Donato Wilfrido Trujillo Puertos, Fernando Robles Hernández, Uriel García Martínez y Víctor Manuel Parra Cuautle lograron volver a sus hogares.
Algunos muertos, otros sin localizar en 2022
De las 30 personas desaparecidas en Puebla durante enero de 2022, tres ya fueron localizadas sin vida en condiciones de violencia, como Adrián Blanca Calderón, en Puebla capital; Liliana Lozada de Jesús, también de Puebla capital pero hallada en Atlixco; y José de Jesús Gómez Rebollo, en Huejotzingo.
Otros como Carla Mejía Vivanco, Montserrat Aguilar Santiago, Diego Armando Huerta Ochoa, Rocío Guadalupe Pareja Jiménez y Vanya Melanie Heinz Machuca fueron ubicados con vida y ya se encuentran a salvo con sus familias.
Sin embargo, al cierre de esta edición, la incertidumbre y la angustia por conocer su paradero aún se apodera de los familiares de 22 poblanos: Guadalupe Centeno González (Puebla), Ismael Gaytán (Amozoc), Daniela López Hernández (San José Chiapa), Gerardo Alonso Aguirre (Zihuateutla) Andrea Fernanda Vega Alonso (Puebla), Javier Trujillo Carrera (Esperanza), Emmanuel López César (Cuautlancingo), Nataly Sayuri Varela Montes (Puebla).
También de Iván Amaro Capilla (Puebla), Ubaldo Gallegos Zambrano (Tlaltenango), Saúl Badillo Flores (Tlaltenango), Sergio Cordero Castillo (Tlaltenango) Kenneth Yani Enriquéz Fuentes (Puebla), Telesforo Díaz Hernández (Puebla), Telesforo Machorro Machorro (Tecamachalco), Omar Geovanny Neri Tlapa (Puebla), Mario Guadalupe Muñoz Ortega (Puebla), Eliza Rosales Agustina (Huauchinango), Félix Colula Nanco (Amozoc), Juan Carlos Reyes López (Puebla), Luis Felipe Pérez Montes (Huejotzingo) y Florindo Perea Cruz (San Pedro Cholula).
Las cifras no coinciden
El problema para la localización de personas desaparecidas se agrava cuando los registros de instancias oficiales no coinciden, pues mientras MILENIO Puebla indagó que la Comisión de Búsqueda recibió la denuncia de 23 personas desaparecidas en enero de 2021, la Fiscalía local estableció en el “Índice de incidencia delictiva del fuero común” que en ese periodo hubo 99.
La FGE señaló que en el año pasado se abrieron mil 317 carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización de personas: 99 en enero, 94 en febrero, 109 en marzo, 133 en abril, 109 en mayo, 116 en junio, 93 en julio, 101 en agosto, 105 en septiembre, 126 en octubre, 107 en noviembre y 125 en diciembre.
Por el contrario, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, indicó que durante la gestión actual han desaparecido 893 personas, 379 mujeres y 514 hombres, de las cuales 507 ya se encuentran con sus familiares y 386 continúan sin localizar, con 121 mujeres y 265 hombres.
Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta exigió a la Segob corroborar sus cifras, ya que son “escandalosas” y dan cuenta de una situación que, a su parecer, no existe en el estado.
“Pido que esto quede como una nota que se informe, que se corrobore, este dato que acaba de dar la secretaria de Gobernación (Ana Lucía Hill Mayoral) es muy escandaloso, no hay un asunto así en Puebla, cuidado con esta información que se brinda porque parece que hay un estado de crisis enorme”, dijo el mandatario.
No obstante, el dato de la Segob está muy por debajo de los 2 mil 529 poblanos que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Segob federal mantiene como desaparecidos o sin localizar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) desde el 15 de marzo de 1964 al 4 de febrero de 2022.
La estadística consultada por esta casa editorial arrojó que en los últimos casi 56 años se han perdido 10 mil 219 personas en Puebla: 5 mil 481 mujeres, 4 mil 733 hombres y 5 sin definir. De éstos, 7 mil 232 fueron hallados con vida y 458 muertos, mientras que 2 mil 122 fueron calificados como “desaparecidos” y 407 “sin localizar”.
Yazmín busca a su esposo y padre de sus tres hijos
Una de las tantas historias que han ‘aparecido’ en Puebla en los últimos meses es la que envuelve a Aarón Bravo Suárez, quien desde el 20 de octubre de 2020 es buscado por su esposa Yazmín Morales y sus tres hijos menores de edad.
A sus 22 años fabricaba muebles para sostener a su familia y un día recibió un mensaje por redes sociales para entregar una sala en el municipio de Amozoc, por lo que acompañado de Eduardo Manuel Flores de los Santos, de 46 años, partieron en un automóvil Pointer azul desde Misiones de San Francisco, en Coronango.
“Hasta ahorita no hay ningún dato que dé con su paradero, de la Fiscalía no hemos tenido ningún apoyo, pasaron ocho meses para que buscaran pruebas pero hay cámaras que se borran a las 24 horas o no sirven, de la Comisión no hemos conseguido ningún apoyo porque cambian a su personal, cambian a su gente”, denunció la señora Yazmín Morales en entrevista para MILENIO.
Apoyada por su familia y el colectivo La Voz de los Desaparecidos, Yazmín ha participado en algunas jornadas de búsqueda para localizar a Aarón o a Eduardo Manuel, ya que ambos continúan desaparecidos y más de 15 meses después no hay avances en las investigaciones que permitan dar con su paradero.
Ella dijo no perder la esperanza y espera reencontrarse con él muy pronto, no solo por el amor que le tiene, sino también porque sus hijos han pasado sus cumpleaños, el Día del Padre y la Navidad sin nadie a quien festejarle.
“No sabemos si están bien o no y cuando vemos ya son meses que no se sabe nada de ellos. Que no pierda la esperanza, lo vamos a encontrar, sus hijos y yo estamos en la lucha para que regrese, anhelamos volver a verlo, abrazarlo”, comentó entre lágrimas.
Consejo Ciudadano, esperanza para víctimas
Ante la acumulación de casos por resolver entre las personas desaparecidas en la entidad, familiares, activistas y colectivos de la materia mantienen la esperanza de que el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal y la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Puebla sea un aliciente para que sea más eficaz la localización de aquellos que no pueden regresar a su casa.
Y es que a reserva de que los diputados locales aprueben a los cuatro integrantes que conformarán dicho Consejo, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas estipula que dos de las vacantes sean ocupadas por familiares de personas desaparecidas o hasta quienes hayan sido víctimas, mientras que las otras dos son para especialistas del rubro.
El Poder Legislativo recibió 18 solicitudes para integrar el Consejo Ciudadano, de las cuales, 10 corresponden a familiares y 8 a especialistas. Los elegidos estarán en el cargo por tres años sin remuneración económica, sin poder desempeñar un cargo federal, estatal o municipal y sin capacidad de reelección.
AFM