“No es con la violencia, ni con actos de vandalismo a los bienes públicos como se legitima un reclamo de justicia”, señaló el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Guerrero, Alberto Catalán Bastida, a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que la jornada del viernes 17 de julio detonaron artefactos explosivos sobre el edificio que alberga al Poder Legislativo, además quemaron colchones bañados con gasolina en su acceso principal.
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En la sesión que se realizó de manera virtual este martes, el diputado Catalán Bastida precisó que el Congreso de Guerrero no es parte del proceso de investigación, ni tampoco es autoridad responsable de la impartición de justicia, en torno a la desaparición de los 43 normalistas tras los hechos del 26 y 27 de septiembre del año 2014, en Iguala de la Independencia.
Indicó que la 62 Legislatura siempre ha manifestado su apoyo y colaboración con los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos.
“Acompañamos su dolor e incertidumbre ante estos hechos tan lamentables, pero no es a través del ejercicio de la violencia, ni de actos de vandalismo a los bienes públicos como se legitima un reclamo de justicia”.
Recordó que los representantes populares del estado han mostrado disposición al diálogo y se han solidarizado con el movimiento encaminado a reclamar justicia.
De hecho, en forma inédita se aprobó un Acuerdo Parlamentario que permitió que se abriera la tribuna en una sesión, en ella se escucharon las voces de padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, en el marco del quinto aniversario de los hechos suscitados en Iguala.
El integrante de la fracción parlamentaria de PRD señaló que derivado de dicha intervención y como respuesta a las exigencias planteadas en tribuna, es que se creó la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa, integrada por diputados y diputadas de todas las expresiones políticas, misma que preside Arturo López Sugía.
“La 62 Legislatura no se encuentra del lado incorrecto de la historia, no somos adversarios de los normalistas, ni de ningún movimiento social, este asunto está en manos del Gobierno Federal”.
“Esta Legislatura condena los hechos acontecidos en detrimento de las instalaciones del Palacio Legislativo, que es patrimonio social de los guerrerenses, no es justificable el reclamo de justicia con actos violentos y de vandalismo porque sólo generan mayor rechazo y desconfianza en la sociedad”.
Agregó que a partir de las afectaciones y daños sufridos se dio parte al Ministerio Público del Fuero Común, para que, con la intervención de peritos especializados se hicieran los dictámenes de daños correspondientes.
Sostuvo que con el acta notarial levantada el día de los hechos es que se presentaron las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables, por lo que advirtió: “El Congreso del Estado, no será pasivo ante actos que están fuera de la ley, a través de conflictos y los actos violentos contra las instituciones no se construyen canales de diálogo ni de comunicación”.
Destacó que el camino a la reconciliación debe transitar por el respeto mutuo, pues las descalificaciones y agresiones sólo conducen a la anarquía.
OMZI