La Comisión de Gobierno Interno del Congreso de Colima se reunió esta tarde para analizar la iniciativa enviada desde el pasado 4 de agosto por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, con la que se propone que sea obligatorio el uso de cubrebocas y multar a quienes se resistan a usarlo.
La Ley de Uso Obligatorio de Cubrebocas enviada por Peralta Sánchez al Congreso del Estado desde entonces quedó pendiente para “una próxima sesión del Poder Legislativo”, la cual se habrá de realizar mañana 14 de agosto.
En tanto, la Comisión de Gobierno Interno del legislativo local, llevó a cabo una reunión para analizarla y en su caso proponer modificaciones ya que la misma ha generado “opiniones y posturas distintas entre los diputados”, principalmente por las sanciones que se contemplan.
La “Iniciativa de Ley que Regula el Uso de Cubrebocas y demás Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad provocada por el Virus SARS-CoV-2 (Covid-19) en el Estado de Colima”, fue enviada para su aprobación por el jefe del ejecutivo estatal ante el aumento de contagios y muertes por covid-19 en Colima.
La propuesta del mandatario estatal detalla una serie de medidas que deberán adoptarse tanto en los comercios y otras empresas, como en el transporte colectivo e instituciones y dependencias públicas con la finalidad de reducir los contagios.
Se esperaba que el pasado viernes se discutiera y aprobara el documento, sin embargo, no se incluyó en la síntesis de comunicaciones, además de que la misma ha generado opiniones y posturas distintas entre los diputados.
Además del uso obligatorio del cubrebocas, el proyecto menciona que en el transporte público será obligatorio que todas las unidades cuenten con gel a base de alcohol al 70 por ciento, que deberán utilizar todos los usuarios.
En los establecimientos comerciales, industriales, empresariales, de negocios o servicios, los empleados, administradores y dueños tendrán que usar cubrebocas, así como cualquier persona que esté dentro de estos espacios.
La iniciativa señala que se deberá garantizar la distancia de al menos 1.5 metros entre una persona y otra. En caso de incumplir, la autoridad sanitaria podrá aplicar multas o determinar la clausura del negocio. Los criterios para aplicar las sanciones dependerán de los daños que se hayan producido o puedan producirse, así como la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor y la reincidencia.
Las multas impuestas serán serían hasta 500 veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), es decir, unos 43 mil pesos, mientras que el arresto de hasta 36 horas se determinará a la persona que interfiera en las acciones de la autoridad sanitaria y a aquella que, en rebeldía, se niegue a cumplir las disposiciones legales.
RLO