Docentes de Universidades del Bienestar denuncian presunto fraude laboral

Profesores del proyecto de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez denuncian haber terminado atrapados en una trampa legal en la que se les prometió un lugar en los centros educativos con buenas condiciones laborales para luego desconocerlos como empleados para negarles los derechos.

Los educadores aseguraron para MILENIO Televisión con Alejandro Domínguez que obtuvieron seis resoluciones de amparo favorables y una jurisprudencia que reconoce su calidad de trabajadores; sin embargo, denuncian que continúan sin recibir el reconocimiento laboral, pagos y prestaciones que reclaman.

“Ganamos los seis juicios de amparo, se hizo jurisprudencia, unánimemente declararon que son trabajadores y no beneficiarios de un programa social”, declaró Juan de Dios Hernández, abogado SUTIEMS.

Las irregularidades

De acuerdo con el testimonio de Guadalupe, Norma y José Amador, este conflicto inició hace siete años, cuando fueron seleccionados como docentes para las Universidades Bienestar Benito Juárez, un proyecto que buscaba llevar educación a las comunidades marginadas del país.

Sin embargo, las irregularidades aparecieron durante sus primeros meses de trabajo, pues durante más de medio año estuvieron sin recibir un sueldo y sin tener claridad sobre el monto que debían ganar:

“Cuando fuimos contratados nos dijeron que íbamos a tener prestaciones laborales; los primeros nueve meses nos tuvieron sin salario. Yo nunca tuve claro cuánto iba a ganar, pero según esto nuestro sueldo era arriba de 20, cosa que yo no recibía.”

Además, señalaron otras problemáticas, como que por falta de planteles tuvieron que impartir sus clases en bibliotecas, patios, debajo de árboles y hasta atrios de iglesias. A la par, denunciaron la existencia de alumnos fantasma, nepotismo de coordinadores y la injerencia de autoridades municipales.

En 2022, 150 docentes fueron despedidos injustificadamente, aunque solamente 49 presentaron demandas. De esta manera se enteraron de que no eran empleados de la universidad. 

“La directora dijo que éramos trabajadores; después fue cambiando su discurso para decir que éramos beneficiarios de un programa social, lo cual es mentira, porque teníamos obligaciones”, sostuvo.

Exigen reinstalación y pago de adeudos

Durante el proceso judicial, el profesor José Amador murió. Una familiar aseguró que falleció mientras esperaba recibir los pagos que reclamaba.

“Hasta ahorita van cinco años, cinco años exactamente, mi hermano falleció esperando que le llegara su pago y nosotros lo único que pedimos es que se haga justicia”, declaró.

Los docentes aseguran que, tras las resoluciones judiciales que reconocen su relación laboral, exigen su reinstalación y el pago de los adeudos correspondientes.

Sin embargo, la universidad ha interpuesto nuevos amparos. Una de las personas entrevistadas consideró que estos recursos buscan retrasar el cumplimiento de las resoluciones.

“Es el delito contra la impartición de justicia porque están promoviendo recursos, en este caso amparos, totalmente improcedentes con el único objetivo de retrasar el cumplimiento de los laudos”, señaló.

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AH