En el Lago de Texcoco, un predio de 300 hectáreas, ha sido ocupado clandestinamente como tiradero de desechos de rastro: vísceras, pelo, plumas, sangre y otros residuos biológico-infecciosos se descomponen al aire libre, generando un olor penetrante y repulsivo varios kilómetros a la redonda, además de lixiviados que contaminan el acuífero, pese a que hace año y medio se decretó como Área de Protección de Recursos Naturales.
“Hay un señor que tiene tiempo, se ha hecho un cacique de toda esta zona, y no le han podido hacer nada, se ha hecho inmensamente rico con el tiradero de desperdicios de sangre, de tripas, de todo lo que sale del rastro y mi reclamo es, si es Área Natural Protegida, ¿por qué no les hacen nada?”, expresó el ejidatario Jesús Romero, uno de los afectados.
El predio de 300 hectáreas, situado dentro del área protegida es hogar de diversas especies de aves, entre ellas garzas blancas y negras a las que se les ve comiendo la carroña depositada ahí.
Esas tierras pertenecen a los ejidos de San Felipe y Santa Cruz de Abajo, que además es zona federal, que está bajo la administración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En un recorrido realizado por MILENIO, se constató que para ingresar al predio es necesario pasar por una caseta de vigilancia de la dependencia, y a unos cuantos metros comienzan los manchones de residuos acumulados, entre la hierba crecida, y cientos de aves congregadas, alimentándose del desperdicio.
“Están compradas las autoridades del municipio de Texcoco, y han dado permiso, pie a esto”, denunció uno de los afectados.
Los ejidatarios estiman que de las 300 hectáreas afectadas, 100 ya están completamente contaminadas; ellos han dejado de cultivar sus parcelas debido al fuerte hedor que por la tarde se torna insoportable y a la presencia de jaurías, al menos una treintena de perros salvajes acecha la zona, y representan un peligro para su vida.
“Hemos sido invadidos por un tiradero clandestino a cielo abierto de vísceras, de desperdicio de rastro, son 17 rastros de los que depositan sus desperdicios, las personas que traen esto, los engañan que tienen un biodigestor”.
El problema data de hace 15 años, cuando un vecino del pueblo ofreció a los campesinos llevarles excretas de caballo y cerdos, para utilizarlas como abono, pero al paso de los años convirtió el sitio en un tiradero de vísceras, los afectados afirman que el municipio está coludido, pues a pesar de las quejas y denuncias que han presentado, el problema sigue.
“Le pedía permiso a los compañeros ejidatarios, le daban permiso como abono; ahora ya trae de todo, las vísceras son las que huelen muy feo, ya no aguantan los compañeros trabajar aquí. ¿Han intentado detenerlo? Sí, pero los agrede hasta de muerte, varias veces los han detenido en la fiscalía y los dejan salir”.
El sitio se ubica a un costado de la autopista Peñón- Texcoco, a menos de 5 kilómetros del lago Nabor Carrillo, y a unos 15 kilómetros de la Ciénega de San Juan, uno de los cuerpos de agua que se han logrado restaurar tras la cancelación del aeropuerto.
“Hemos tocado puertas en varias instancias, y no nos han hecho caso, sí nos importa que tomen cartas en los asunto para poder cultivar estos terrenos, trabajar. Hay perros y pues llegan a atacar a las personas y es un riesgo. También hay fauna emblemática del Lago de Texcoco que ahi están las garzas que son carroñeras, hay más fauna que no se llega a ver y que se ha dañado su hábitat de vida”, dijo otro de los afectados.
Los ejidatarios exigen que tras el decreto como área natural protegida, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) logre frenar el tiro de vísceras en sus parcelas; pero la procuradora federal, Blanca Alicia Mendoza Vera dijo en entrevista con MILENIO, que la propia legislación ambiental ha impedido ejecutar acciones en contra de los responsables, pues las inspecciones deben realizarse ante una persona que atienda la diligencia, que por obvias razones, no se encuentra de fijo en el tiro. No obstante, dijo que se está analizando cómo atender el caso.
“Se ha ido avanzando en el tema, anteriormente era totalmente obligado que una inspección se practicara con base en una notificación al dueño del lugar, a quien estuviera como propietario, y si no se encontraba se le tenía que dejar un citatorio; esto ha ido avanzando y ya el Poder Judicial Federal, e incluso ya se está reconociendo en la legislación como estas inspecciones pueden practicarse con la persona que se encuentra en el lugar, ¿pero cuál es el problema que tenemos en estos lugares? no hay una persona y ¿qué es lo que sucede? cuando llegan los inspectores, no tienen la posibilidad de llevar a cabo el acto formal, de inicio de la inspección, y entonces levantan lo que se ha denominado acta circunstanciada”, indicó.
Explicó que las actas circunstanciadas constituyen un elemento para determinar que en el sitio se han estado depositando residuos peligrosos, pero ello no se puede hacer, si no se tiene a una persona a la que se haga responsable o presunta responsable de haber depositado esos residuos.
“No hay a quién responsabilizar y en este caso, qué es lo que seguiría dentro del procedimiento, cuando se encuentran estos residuos hay que proceder a la clausura como una medida cautelar y después se tiene que continuar con el procedimiento, se tendría que levantar el acta, darse a conocer a la persona que fuera la interesada o la que hubiera presuntamente incurrido en esta infracción, pero no se le encuentra, es una realidad desafortunada a la que nos estamos enfrentando”, resaltó.
Añadió: “Debemos repensar cómo debe ser la actuación de la autoridad y cómo es que deben dotarse de instrumentos legales a la propia autoridad para que sus actuaciones se reconozcan”.
No obstante, la procuradora dijo que sus inspectores ya han estado realizando recorridos en la zona, para identificar las coordenadas del tiradero y la zona afectada, a fin de realizar la inspección formal en un par de semanas.
MO