Personal de Obras Públicas de Chihuahua, apoyados por agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), cerraron la brecha que abrieron los ejidatarios para evitar el pago a la caseta de peaje ubicada en el kilómetro 30 de la carretera Chihuahua-Sacramento.
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La brecha había sido abierta ayer por la tarde por decenas de ejidatarios y habitantes de la zona, pero 15 de ellos fueron arrestados junto con el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga.
Además, trabajadores estatales, con el apoyo policiaco y el uso de maquinaria pesada, abrieron una zanja de tres metros de profundidad –y casi con el mismo ancho- sobre la brecha para impedir que circulen en ella.
La medida fue criticada por el senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, al acusar al gobernador Javier Corral Jurado de “actuar de una forma cobarde y represora al usar la fuerza pública en contra de los habitantes de Sacramento para obligarlos a pagar peaje”.
Asimismo condenó la detención y agresión física que sufrieron los manifestantes por parte de los agentes estatales, cuando intentaron rescatar la ruta para el “libre tránsito” de los habitantes de aquel sector de la ciudad, “para que dejen de ser víctimas de violación a sus derechos con el cobro obligatorio de la Caseta Sacramento”, expresó.
Además, se solidarizó con el diputado local Miguel Ángel Colunga y Karen Mora, ex funcionaria del Congreso del Estado, así como con los ejidatarios detenidos que fueron víctimas de agresiones durante el aprensivo y autoritario actuar de las autoridades estatales.
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Hizo un llamado enérgico al gobernador Javier Corral y a las autoridades encargadas de la seguridad, para que dejen de violentar los derechos de los ciudadanos que sólo buscan el reclamo justo de “libre tránsito”.
Al comprometerse a llevar este asunto ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para buscar una solución y dar puntual seguimiento a las que llamó “deshonrosas prácticas del gobierno estatal”, el legislador federal, dijo:
“Lo que buscaremos es denunciar para que se les dé ‘libre tránsito’ porque es muy grave que el gobierno no cumpla con su palabra de no generar cobro a quienes habitan en esa zona para que no paguen la caseta, puesto que ahí viven y se está violando su derecho constitucional.
“Es un tema que se debe de conocer en todo el país y se debe quitar la máscara al gobierno de Chihuahua con esta doble moral, que por un lado pide diálogo y por otro reprime a los ciudadanos cuando exigen sus derechos”, concluyó Pérez Cuéllar.
RLO