El uso faccioso de las instituciones encargadas de impartir justicia, por parte del ex gobernador veracruzano Cuitláhuac García, mantiene aún en la cárcel, o sujetos a proceso, a 600 personas, varias de ellas considerados presos políticos.
El ex gobernador es acusado de utilizar a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y a jueces del Poder Judicial del estado, para encarcelar por el delito ya inexistente de ultrajes a la autoridad a adversarios políticos y personajes incómodos, evitando así que se postularan a cargos de elección popular o asumieran el puesto por los que habían sido electos.
Rogelio Franco Castán, quien fuera dirigente estatal del PRD y secretario de gobierno del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, fue detenido en marzo de 2021 antes de rendir protesta como diputado federal; permaneció 30 meses en la cárcel y sigue en prisión domiciliaria, pues antes de concluir el sexenio, en septiembre de este 2024, recibió otra vinculación a proceso como presunto responsable del delito de violencia familiar en agravio de su ex pareja, que fue el segundo delito por el que lo habían detenido, ya que el primero fue ultrajes a la autoridad.
Un juez del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) dictó como medida cautelar prisión domiciliaria, dentro del proceso penal 57/2021.
Gregorio Gómez Martínez. también del PRD, fue detenido por ultrajes a la autoridad cuando se perfilaba como el candidato a la alcaldía de Tihuatlán; lo sacaron de su negocio, y a pesar de que todo quedó grabado y fue exhibida la sustracción, horas después el gobierno anunciaba que lo había detenido en la vía pública y agredió a los policías, incurriendo en el delito preferido de la pasada administración que así llevó a la cárcel a mil 200 personas.
Héctor Yunes Landa, diputado local priista, señaló que en las cárceles de Veracruz quedan aún muchas personas inocentes detenidos por órdenes del ex gobernador y miembros de su gabinete.
“En Veracruz, hay miles de veracruzanos inocentes que están en la cárcel… Por esos es que existe el Programa Inocencia que hemos estado llevando con Tomás Mundo y que vamos terminando este periodo".
"Vamos a apretar el paso para lograr que más veracruzanos que están injustamente en la cárcel, puedan retomar su libertad y nuevamente reunirse con su familia”.
El 28 de enero del 2022, la aun hasta hoy fiscal general, Verónica Hernández Giádans, reconoció ante el Congreso local que había mil 33 personas presas por ultrajes a la autoridad, figura declarada inconstitucional e invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en marzo de 2022.
El 1 de marzo, el entonces gobernador Cuitláhuac García dijo que solo 200 de ellos saldrían al desparecer el delito de ultrajes, pues les imputaron y vincularon a proceso por delitos mayores.
Y así fue, el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas y coordinador del Proyecto Inocencia, Tomás Mundo Arriasa, dijo que quienes deberían estar libres siguen tras las rejas por nuevos delitos que les imputaron.
“Esos que son como 600 personas, que habría que revisar sus expedientes, entraron por ultrajes a la autoridad, cuando el gobernador en ese tiempo Cuitláhuac García se da cuenta, junto con la Fiscalía, les fabricaron otros delitos, delitos de alto impacto, feminicidio, secuestro, homicidios, con la finalidad de que ultrajes si queda libre, pero quedan procesados por este otro delito"
"¿Qué es lo que hacía la Policía Ministerial?, llevar a la persona al lugar donde había ocurrido el homicidio y obligarlo a tocar todo y que quedaran sus huellas dactilares allí. Lo que no saben estas personas, y ni la misma Fiscalía, es que las huellas dactilares, el método ya no es confiable, es un método que está demostrado que está basado en ciencia basura el tema de las huellas dactilares ya no son pruebas indubitables. Entonces eso fácilmente se puede echar abajo”.
Otros casos son el del empresario Ithiel Palacios, Compa Playa, a quien en el proceso le pusieron testigos falsos que públicamente se han deslindado del caso, pero aun así lo mantuvieron preso. También el dirigente constructor Víctor Hernández detenido por delito que suplió el de ultrajes a la autoridad.
“Los emblemáticos pudieras ser Rogelio Franco, que si bien es cierto está en arresto domiciliario, sigue procesado, el otro es un líder de CMIC, Víctor Hernández Pérez, pero él ya fue detenido por ataques a las fuerzas de seguridad pública, es decir el hermano gemelo de ultrajes a la autoridad”, señaló Tomás Mundo.
En situación similar se encuentra el ex fiscal Jorge Winckler, uno de los casos más conocidos en la persecución política de García Jiménez.
Jorge "N" fue detenido el 25 de julio del 2022 en Puerto Escondido, Oaxaca, por el presunto delito de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad; ha obtenido amparos y librado las imputaciones, incluso le dictaron prisión domiciliaria, pero sigue en la cárcel.
Un preso político que obtuvo su libertad horas antes de que concluyera el sexenio de García Jiménez, fue el alcalde electo de Lerdo de Tejada, Fabián Cárdenas, a quien encarcelaron casi tres años, para evitar que gobernara el municipio que ganó en las urnas por el propio partido Morena.
El empresario busca ocupar la alcaldía el año que le resta a la administración, y aunque dice no tenerle rencor al ex coordinador de la Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín, al ex secretario de gobierno Erick Patrocinio Cisneros, ni al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quienes hicieron que lo mandaran a la cárcel, aclaró que no es quién para juzgarlos, aunque tampoco les deseó que les vaya bien.
“Y al final yo me sometí a un proceso en el cual yo demostré mi inocencia, o sea no, no tengo nada en contra de nadie. ¿Qué les vaya bien? Pues, digo pues que le vaya bien, pues que le vaya como Dios ahora sí que les ponga de la mejor manera, ahora si no soy nadie para juzgarlos ni decir cómo les debería de ir”.
MO