M+.- “Nadie está listo para un fraude, es la realidad”, dice, con pesar, Anaís Elías Valadez, para MILENIO antes de describir todas las consecuencias negativas que derivaron de la estafa en la que cayó por confiar en una empresa que estaba encabezada por Andrés Ricardo Álvarez Fonseca, de quien hasta después conoció sus vínculos y el grupo al que pertenece.
Anaís Elías tiene una empresa mediana, Comercializadora Reseni SA de CV, que desde hace 10 años se ha especializado en la importación de equipamiento que vende a contratistas de obras de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Álvarez Fonseca es dueño de Energy Cocomex SAPI de CV, compañía contratista de Pemex, pero no sólo eso. También fue esposo de Brenda Bermúdez Contreras, sobrina de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, personaje cercano al ahora senador morenista Adán Augusto López y que ahora está preso por estar acusado de ser el líder del cártel conocido como “La Barredora”.
Pero ese parentesco con personajes de la cúpula del poder político, Anaís Elías no lo conocía cuando en 2024 se hizo proveedora de Energy Cocomex SAPI de CV, empresa que le quedó a deber más de 7 millones de pesos, por proveerle 54 válvulas para una obra en Tabasco.
Para algunas grandes compañías, dice Anaís, puede que no sea mucho dinero, pero para una mediana empresa como la de ella, con apenas 10 empleados, una deuda de ese tamaño, que ha crecido a 12 millones de pesos de pérdida por los créditos que ella no ha podido pagar, la ha llevado a la desgracia.
En el escritorio de la oficina en que MILENIO platica con Anaís están desplegados todos los documentos que cuentan su historia desde 2023, cuando conoció a gente cercana a Álvarez Fonseca que después la embaucó: órdenes de compra, correos electrónicos, estados de cuenta, las facturas que no le pagaron, las demandas judiciales y hasta requerimientos del fisco que han terminado de hundirla.
Energy Cocomex es una empresa contratista de Pemex. Según Anaís, antes operaba como Ocean and Land Group y ahora como Cocomex Holdings. La petrolera le adjudicó contratos desde 2020 hasta por tres mil millones de pesos para realizar obras en Tabasco, que no se hicieron en el tiempo acordado y que costaron más de lo convenido. Para una de esas obras, que costó mil millones de pesos, en la batería de separación Tecominoacán, que sirve para separar la mezcla de hidrocarburos en petróleo crudo, gas natural y agua, la compañía necesitaba 54 válvulas especializadas.
La empresa de Anaís, que se dedica a importar este tipo de equipamiento desde China, India, Emiratos Árabes y otros países asiáticos, se las vendió en junio de 2024.
Comercializadora Reseni tiene otros clientes que también son contratistas de Pemex y con quienes ha tenido una buena relación, por lo que Anaís consideró que Energy Cocomex sería un buen cliente más. No lo fue. Pasaron más de seis meses y no le pagó. Fue a buscarla, pero la empresa no estaba donde decía que era su domicilio, ni en Santa Fe, ni en Polanco, en la Ciudad de México; no le contestaban llamadas, no le recibían notificaciones, no logró cobrarles. En Tabasco, tampoco los encontró.
Varias demandas contra los socios de Energy Cocomex están en curso, con pocas esperanzas y con la ley, el tiempo y abogados carísimos en su contra.
“La ley te dice que tienes que agotar todo lo posible en la vía mercantil para cobrarle, antes de que se pueda tipificar como fraude y que ya proceda una demanda penal. Y ese juicio te puede llevar uno, dos, tres años”, lamenta Anaís.
En los 10 años de experiencia que tiene como importadora, nunca le había pasado esto.
Ahora, la deuda la consume. Porque lo que Energy Cocomex le debe desde 2024, ella lo debe a sus inversionistas, a sus empleados, a sus proveedores. Fue un efecto dominó. De los 10 empleados que tenía, le quedó sólo uno.
El SAT, la gota que derramó el vaso
Pero el problema en la vida de Anaís se hizo más grande en enero de 2026, porque ya no es solo la deuda de más de 7 millones de pesos, que creció a 12 millones por los créditos que no ha podido pagar.
Lo peor vino cuando ese mes se dio cuenta de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le canceló a su empresa su sello digital por considerarla una empresa inexistente, luego de que, por error del guardia de seguridad de la oficina, no atendió una visita de la autoridad fiscal en la que le preguntaba si había tenido transacciones con la compañía de Álvarez Fonseca, que estaba siendo investigada.
Desde entonces, Anaís no sólo carga con la deuda, sino que ahora no puede trabajar, porque como no puede emitir facturas, no puede cobrar a sus otros clientes.
Aunque ya realizó todos los trámites para demostrar que su empresa es real y que, en realidad, es víctima de Energy Cocomex, no logra salir de la burocracia del SAT y no puede volver a trabajar.
“Fue una situación que no te esperas. Siete millones, los perdiste, pero tienes fe de que vas a seguir trabajando y vas a tener contratos más grandes. Pero en el momento en que nos dijeron ‘no puedes facturar’, fue la gota que derramó el vaso”, lamenta.
“Mi vida ha cambiado radicalmente. Soy mamá soltera y tengo un hijo que está en la Universidad. Ya terminó el cuarto semestre, iba a entrar al quinto y no he podido ni siquiera inscribirlo. Mi socio es mi pareja y hemos tenido muchos problemas por esta situación. Ha sido muy difícil. Dicen que los bienes son para arreglar los males. Tuvimos que vender muchas cosas para sobrevivir”, dice sumida en la tristeza.
“A mí también me ha afectado en lo personal. Tengo resistencia a la insulina y no me puedo comprar ni mis medicamentos. Subí mucho de peso. No duermo. Tengo el cortisol altísimo. Han sido muchos duelos: el emocional, el económico, el personal”, confiesa afligida.
AH