Adela Román Ocampo, alcaldesa de Acapulco, sostuvo que su administración ha ganado territorio a los grupos del crimen organizado y descartó cualquier colaboración con la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pues presume que sus elementos están "infiltrados".
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Román Ocampo compareció ante comisiones unidas del Congreso local, en el marco de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a partir del caso Ayotzinapa.
En la sala José Francisco Ruiz Massieu, la jefa de cabildo se refirió al caso Iguala como “una página negra y dramática en la historia de Guerrero y del país que no debe volver a repetirse".
Indicó que recibió una ciudad inmersa en los más altos índices de violencia e impunidad, ya que, dijo, la delincuencia organizada se infiltró en la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública.
“Había muchas familias que perdieron sus bienes patrimoniales a manos de la delincuencia, incluso se quedaron sin muchos seres queridos, porque era una situación extrema”.
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Explicó que la desconfianza en el municipio generó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) estaba intervenida por las fuerzas de seguridad nacional, encabezadas por la Secretaría de Marina.
La presidenta municipal dijo que en lo que va de su administración se ha logrado depurar a la Policía Municipal y que muchos elementos abandonaron la corporación al no cumplir con los requisitos, mientras que otros solicitaron su liquidación.
“Estamos enfrentando con firmeza lo que nos heredaron, aunque sabemos que en esto no estamos solos”, insistió.
Hasta diciembre de 2018, la alcaldesa refiere que se detectaron problemas muy fuertes en colonias ubicadas en la periferia del puerto, como la Emiliano Zapata, José López Portillo, la Frontera, Máquina y otras más ubicadas en las partes altas.
“En ellas había toques de queda, donde a determinada hora la gente ya no podía regresar, actualmente eso ya se acabó”.
No a la colaboración de UPOEG
La alcaldesa sostuvo que se tienen detectados a grupos armados que no se manean en el ámbito de la legalidad.
“Tenemos identificados que son fachada para realizar ciertas actividades que les convengan a ellos, pero que no le convienen a la sociedad”, indicó.
La pugna que sostienen los grupos de civiles armados, de acuerdo con Adela Román Ocampo, es el control de los corredores terrestres para el transporte de drogas hacia el norte del estado, además de los corredores marítimos de la droga que se embarca en gran parte de las playas de Acapulco.
Destacó que cada vez que el dirigente de la UPOEG, Bruno Placido Valerio, le ha pedido que permita colaborar en tareas de seguridad pública, la respuesta del municipio ha sido en sentido negativo y se le ha solicitado que se retire de las comunidades.
RLO