Casi dos meses después del asesinato de dos jesuitas en la localidad norteña de Cerocahui, el miedo impera en el remoto poblado enclavado en la Sierra Tarahumara, dominado por criminales y traficantes de droga y que otros religiosos se niegan a abandonar.
Dos de los jesuitas que quedaron en la misión religiosa y sobrevivieron al ataque armado, ocurrido el 20 de junio dentro de un templo en el estado de Chihuahua, deben ahora salir a las calles escoltados por militares.
Los miembros de la congregación Javier Campos y Joaquín Mora, junto a un guía turístico, fueron presuntamente asesinados por José Portillo Gil, alias El Chueco, líder de una organización criminal que es buscado por las autoridades. Los crímenes generaron conmoción en el país y llamaron la atención de la comunidad internacional ante la creciente violencia que golpea a la nación.
A pesar de los asesinatos de Campos y Mora (quienes tenían más de cinco décadas en la Sierra Tarahumara), la Compañía de Jesús descartó el cierre de su misión y acordó destinar un “maestrillo” (estudiante) a Cerocahui y tiene planeado enviar a otros dos sacerdotes, dijo en una entrevista con The Associated Press el jesuita Jorge González Candia, asesor de la congregación.
“Vimos muy claro que no podíamos por el miedo o la inseguridad que existe replegarnos, sino más bien reforzar la presencia jesuita en este lugar”, dijo.
Los temores en Cerocahui se crisparon luego de la difusión la semana pasada en las redes sociales de un video en el que una persona con el rostro cubierto con un pasamontaña blanco, que se identificó como El Chueco, negó su responsabilidad en los asesinatos y recriminó a uno de los jesuitas sobrevivientes que presenció los hechos.
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Aunque las autoridades hasta el momento no han confirmado la veracidad del video y si la persona que aparece en la grabación es Portillo Gil, el hecho generó preocupación en la congregación ante la velada amenaza hacia el testigo.
Así lo reconoció González Candia, quien afirmó que le resultaba “increíble” que mil efectivos del ejército y 200 guardias nacionales desplegados en la Sierra Tarahumara no hayan podido localizar al presunto responsable de los asesinatos de los dos sacerdotes y el guía turístico Pedro Palma.
“Estamos solicitando medidas de protección a partir de ese video”, dijo el asesor al señalar que hay preocupación en la Compañía de Jesús ante una posible confrontación de los integrantes del grupo criminal que opera en esa región con los jesuitas de la misión, algo que nunca había ocurrido durante las décadas que la congregación ha estado presente en la sierra Tarahumara prestando asistencia a las comunidades indígenas.
Tras los asesinatos, las autoridades anunciaron un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en la Sierra Tarahumara para capturar a El Chueco, quien a pesar de tener desde hace varios años orden de captura se paseaba por las calles de Cerocahui con absoluta impunidad e incluso patrocinaba un equipo de béisbol local.
Por información que lleve a su detención se ha ofrecido una recompensa de cinco millones de pesos (unos 250 mil dólares).
Portillo Gil es señalado desde 2018 como el principal sospechoso del homicidio del profesor estadunidense Patrick Braxton-Andrew, quien, según las autoridades, fue asesinado a balazos tras ser confundido con un agente de la DEA.
De acuerdo con información difundida por los medios, Portillo Gil es el líder de una célula del narcotráfico vinculada con el poderoso grupo criminal de Los Salazar, que está asociado al Cártel de Sinaloa en Chihuahua.
Luego de los hechos dentro de la misión de Cerocahui fue instalado un campamento de militares y guardias nacionales que custodian a los sacerdotes en sus salidas, precisó González Candia, quien fue designado por la Compañía de Jesús para atender la crisis que se generó tras los asesinatos, acompañar el traslado de los cuerpos de Campos y Mora desde el lugar donde fueron localizados hasta el cementerio y apoyar a la misión religiosa.
Sobre las razones que llevaron a mantener en Cerocahui a los dos jesuitas que se encontraban en la comunidad al momento del ataque, González Candia afirmó que los sacerdotes pidieron quedarse porque “hay un amor a las tierras, a la cultura, al pueblo y también ven la necesidad de acompañar un duelo”. Sin embargo, agregó que la congregación sigue valorando si deben continuar allí.
El asesor admitió que la comunidad siente aún mucho temor debido a que el presunto responsable de los asesinatos sigue libre.
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Al ser preguntado sobre si los problemas de criminalidad que hay en la Sierra Tarahumara culminarán con la detención de El Chueco, González Candia indicó que “se ha comprobado que cuando sólo se aprehende a un cabecilla se multiplican los grupos delictivos, crece el número de delitos y se saturan las prisiones”.
Agregó que se necesita investigación, transformación de estructuras locales y voluntad política para generar los cambios necesarios para recuperar la paz.
EHR