La reciente vinculación a proceso de Estela 'N' por el delito de violencia vicaria detonó una alerta entre colectivos feministas, especialistas jurídicas y organizaciones de defensa de derechos humanos en Coahuila, quienes advierten una crisis derivada de la interpretación y aplicación errónea de una figura legal creada para proteger a mujeres, niñas y niños, pero que comienza a utilizarse como un mecanismo de persecución y criminalización contra madres que buscan salvaguardar la integridad de sus hijas e hijos.
Para Yetlanezy Baltierrez, representante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria que habló con MILENIO, el caso no puede analizarse como un hecho aislado ni como una simple controversia jurídica.
“Hablar hoy de violencia vicaria en Coahuila no es una exageración ni una disputa ideológica; es hablar de una falla estructural en la comprensión y aplicación de la ley”, advirtió.
En entrevista con MILENIO, enfatizó que lo ocurrido expone una fractura profunda en el sistema de justicia que pone en riesgo el interés superior de la niñez y vacía de contenido una herramienta legal diseñada para combatir la violencia de género.
El precedente de la polémica
El caso de Estela 'N' tiene su origen en un conflicto legal por la custodia de sus hijos con su expareja, que escaló del ámbito familiar al penal.
Mientras en juzgados civiles se discutían temas de guarda y convivencia, en paralelo se presentó una denuncia que derivó en su vinculación a proceso por violencia vicaria, una figura jurídica que ha sido poco aplicada y que ahora se encuentra en el centro de la controversia.
La imputación se sostiene en que la mujer habría utilizado a sus hijos para afectar emocionalmente al padre; sin embargo, especialistas advierten que este tipo penal no se configura únicamente por conflictos entre progenitores.
Para acreditarlo, señalan, debe existir un patrón claro de violencia de género en el que los menores sean utilizados como medio para dañar a la madre, lo que ha generado dudas sobre su aplicación en este caso.
El expediente también refleja un problema de fondo: la falta de coordinación entre las resoluciones de materia familiar y penal. En la práctica, esto puede traducirse en decisiones contradictorias sobre la custodia, la convivencia y las medidas de protección, dejando a niñas y niños en medio de disputas legales que se prolongan y se vuelven más complejas.
La polémica creció debido a que la violencia vicaria fue incorporada al marco legal como un mecanismo para proteger a mujeres víctimas de violencia de género. Su uso en contra de una mujer ha sido calificado por colectivas y especialistas como una interpretación errónea que podría desvirtuar el sentido original de la ley.
El caso escaló a nivel nacional luego de que autoridades federales señalaran públicamente la necesidad de revisar la vinculación a proceso. Este posicionamiento colocó a Coahuila en el centro del debate jurídico sobre cómo debe aplicarse correctamente esta figura y evidenció la falta de criterios homogéneos en el país.
Una figura jurídica mal entendida
Yetlanezy Baltierrez recordó que la violencia vicaria es una forma específica de violencia contra las mujeres, reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ocurre cuando el agresor utiliza a hijas e hijos, u otros vínculos significativos, como instrumentos para causar daño, castigar, controlar o destruir emocionalmente a la madre.
“No se trata de cualquier conflicto familiar ni de desacuerdos por custodia o convivencia; su elemento central es el uso instrumental de nuestros hijos para aniquilar a las mujeres”.
Explicó que uno de los errores más recurrentes es asumir que la violencia vicaria inicia con el divorcio o la separación. “Eso es falso. Esta violencia comienza mucho antes, durante la relación, a través de violencia psicológica, emocional, económica y patrimonial. Cuando la mujer decide separarse y el agresor pierde el control, la violencia escala”.
Es en ese punto, añadió, cuando muchos hombres recurren a la sustracción de hijas e hijos como una forma de venganza.
De acuerdo con la activista, en Coahuila se han documentado patrones reiterados que muestran cómo el sistema judicial puede ser instrumentalizado.
“Hay abogados que lucran con las custodias, que presentan escritos prácticamente idénticos, como si siguieran un manual. Repiten los mismos argumentos, las mismas acusaciones extremas, y encuentran eco en autoridades que no analizan los expedientes de forma integral”.
Sustracción de menores y daño irreversible
Baltierrez fue enfática en señalar que muchos de los casos que se presentan como “cambios de custodia” son, en realidad, sustracciones de menores. “Son vividas por las madres como verdaderos secuestros”, afirmó.
En estos escenarios, dijo, las mujeres desconocen el paradero de sus hijas e hijos, se corta toda comunicación y se les cambia de escuela, domicilio y entorno de manera abrupta.
“El objetivo es impedir cualquier vínculo. El daño emocional que esto provoca en las infancias es profundo, permanente y devastador”.
Por ello, insistió en que la violencia vicaria no puede minimizarse ni equipararse a un conflicto familiar común. “Es una de las formas más graves de violencia contra las mujeres y puede entenderse incluso como una antesala del feminicidio, porque busca aniquilarnos emocional, psicológica y socialmente”.
La representante del Frente Nacional también precisó que reconocer la violencia vicaria como una violencia de género no implica negar derechos a los hombres.
“Los hombres sí tienen derecho a denunciar conductas indebidas y el Estado cuenta con figuras legales específicas para protegerlos”, aclaró.
No obstante, enfatizó que cada conducta debe analizarse y sancionarse conforme al tipo penal correcto. “Usar indebidamente la violencia vicaria no garantiza justicia; la distorsiona y profundiza el daño, sobre todo para niñas y niños”.
Reconocimiento federal y posicionamiento oficial
Baltierrez destacó que la propia Secretaría de las Mujeres ha reconocido públicamente que una vinculación a proceso reciente en Coahuila constituye un error. “Se ha señalado la necesidad de corregir estas interpretaciones y avanzar hacia la homologación del tipo penal conforme a los criterios de la Suprema Corte”, dijo. Sin embargo, lamentó que el daño mediático, emocional y colectivo “ya ha sido infligido”.
En ese sentido, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que acompañará el caso de Estela 'N' para solicitar que el juez dé marcha atrás a la vinculación a proceso, al considerar que vulnera los principios constitucionales de protección reforzada hacia las mujeres.
La funcionaria anunció además que establecerá comunicación directa con la Fiscalía General del Estado de Coahuila para señalar las inconsistencias jurídicas de la acusación.
Hernández Mora adelantó que se impulsará una coordinación con los congresos locales del país para homologar el tipo penal de violencia vicaria y evitar interpretaciones ambiguas que dejen en la indefensión a las madres.
“La vinculación a proceso de una mujer por violencia vicaria es una contradicción técnica”, sostuvo, al recordar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define esta conducta como aquella ejercida para causar daño a las mujeres a través de un tercero.
Respecto a los señalamientos de supuesta discriminación hacia los hombres, la secretaria recordó que la SCJN ya resolvió esta controversia.
“No es discriminatorio, porque existen otros tipos penales, como la violencia familiar, que los hombres pueden utilizar para protegerse”.
Añadió que el 90 por ciento de los casos de violencia a través de terceros se ejerce de hombres hacia mujeres, por lo que aplicar este tipo penal a la inversa “vacía de contenido una lucha histórica”.
Falta de capacitación y riesgos estructurales
Para Baltierrez, una de las raíces del problema es la falta de capacitación especializada de las autoridades encargadas de investigar y juzgar estos casos.
“No se revisan antecedentes de violencia, no se analizan denuncias previas ni se identifica el carácter sistemático y progresivo de estas conductas”. A ello se suma, dijo, la posible incidencia de corrupción, influencias y uso indebido del poder.
“Lo que está en juego no es una discusión técnica; es la seguridad, la estabilidad emocional y el desarrollo integral de la infancia”.
En este contexto, denunció además un linchamiento mediático a nivel nacional que se ha registrado tras el caso de Estela 'N'. “No va dirigido solo contra una madre, sino contra todas las que defendemos esta causa”, afirmó.
Según la activista, miles de mensajes de odio, amenazas y campañas de desprestigio circulan de forma constante en redes sociales. “Muchos provienen de cuentas falsas y estructuras organizadas cuyo objetivo es intimidar, silenciar y desgastar a quienes alzamos la voz”, denunció. Esta violencia digital, añadió, coloca a las defensoras en una situación real de vulnerabilidad y debe ser atendida como una forma más de violencia contra las mujeres.
Feministas advierten retroceso
En Coahuila, organizaciones feministas también alzaron la voz. Nadja Milena Muñoz, coordinadora de Tribu Noas, asociación dedicada al acompañamiento de procesos de crianza desde una perspectiva feminista, calificó el caso como un grave retroceso en derechos y perspectiva de género.
“La violencia vicaria es una ley pensada para proteger a las mujeres. Aplicarla en favor de un hombre es una pésima interpretación”, afirmó.
Muñoz explicó que gran parte del trabajo de Tribu Noas se enfoca en acompañar a mujeres que enfrentan violencia económica, una de las formas más normalizadas de agresión tras las separaciones. “El trabajo de cuidados no se paga, y cuando las parejas se separan, la violencia continúa a través de pensiones paupérrimas o inexistentes”, señaló.
Desde esta experiencia, advirtió que muchos casos de violencia vicaria están ligados a la evasión de responsabilidades económicas. “Si le quito los hijos a mi expareja, ya no pago pensión. Es una estrategia de violencia económica y emocional”.
La activista consideró que lo ocurrido en Coahuila no es solo un error técnico, sino una ausencia total de perspectiva de género. “Es como llamar feminicidio al asesinato de un hombre. No hay lógica jurídica ni sensibilidad social”.
También alertó sobre el trato preferencial que, según su experiencia, reciben colectivos de padres frente a las demandas de organizaciones feministas. “Eso evidencia un pacto patriarcal dentro de las instituciones”.
Abogadas advierten riesgos legales
Desde el ámbito jurídico, la abogada Ángeles Rentería Jaques, titular del despacho Asesoría Jurídica Pro Mujer e Infancia, coincidió en que la aplicación incorrecta de la violencia vicaria puede convertirse en un mecanismo de revictimización.
En entrevista con MILENIO, explicó que esta violencia se configura cuando una persona utiliza a terceros para causar daño físico o psicoemocional, ya sea por acción u omisión.
Rentería Jaques alertó que la tergiversación de esta figura abre la puerta a presiones mediáticas y resoluciones judiciales sin perspectiva de género. Además, señaló lagunas en la legislación familiar, particularmente en materia de pensiones alimenticias, que perpetúan la violencia económica.
“Pretender que el 15 por ciento del ingreso cubre todas las necesidades de un menor es completamente irreal”, afirmó.
Finalmente, la abogada llamó a las mujeres a no normalizar la violencia ni desistir de denunciar. “Muchas viven violencia vicaria y no lo saben hasta que se les explica. Nunca es tarde para alzar la voz”, concluyó.
El caso de Estela 'N' ha colocado a Coahuila en el centro de un debate nacional sobre los riesgos de desvirtuar una herramienta legal nacida de la lucha feminista. Para colectivas, especialistas y autoridades federales, el reto es claro: corregir interpretaciones, garantizar perspectiva de género y evitar que una ley creada para proteger a las mujeres termine siendo usada en su contra.
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