En lo que va del año, por el delito de amenazas se han interpuesto 652 denuncias, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En Durango, los agresores cuentan con un mecanismo de inhibición de las denuncias, que tiene que ver con que se hacen pasar por ciudadanos influyentes, pero de la misma manera, con ligas con el crimen organizado, pero las mujeres creen que realmente sucederá lo que les dicen, y esto incide en las pocas sentencias que se logran.
La versión del Congreso del Estado fue en el sentido de que se puede crear un protocolo en el que se hace saber al ciudadano que amedrenta a una mujer, y que la autoridad cuente con el conocimiento.
Julieta Hernández Camargo, presidenta de Sí hay mujeres en Durango, consideró que el 90 por ciento de los delitos contra las féminas tiene relación con amenazas. Además, que es el mecanismo por el cual los varones tratan de inhibir que se presenten las denuncias por este tipo de actos.
Hernández Camargo dijo que el total de denuncias de delitos en el hogar, que son aproximadamente 2 mil 600 hasta el mes de junio, en el 90 por ciento de los casos, la amenaza juega un papel importante.
Mencionó que dentro de las amenazas, existen mecanismos puntuales en los que los agresores se hacen pasar por personas influyentes, tanto en la Fiscalía General del Estado de Durango, como en el Tribunal Superior de Justicia, o incluso dentro de las filas del crimen organizado.
“De las 2 mil 600 denuncias que hay sobre violencia familiar, te puedo asegurar que en un 90 por ciento hay amenazas. Me ha tocado vivirlo, y siempre, o amenazan con quitarles a los hijos, amenazas con matarlas, con matar a su familiar, con que tienen amigos en la Fiscalía, amenazan con que tienen amigos en el supremo tribunal de justicia. Y desde luego que también tienen relación con el crimen organizado”.
En este sentido, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalla que, en delitos contra las familias, hasta el mes de julio son 3 mil 417 carpetas de investigación.
En el caso de la violencia familiar son 3 mil 91; incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, son 86 carpetas de investigación. Y otros delitos contra la familia, son 240.
La activista comentó que uno de los temas importantes, tiene que ver en la situación en la que se encuentran, se tragan el cuento que realmente sus agresores son personas influyentes o que realmente tienen ligas con el crimen organizado.
“Las mujeres obviamente, ante la situación de sensibilidad que están, se la creen. Yo muchas veces les digo, no se la crean, no crean que la fiscalía y el tribunal vayan a meterse, ni el crimen organizado en asuntos de violencia familiar. Yo creo que no es un tema prioritario para esas instancias, no me imagino yo, peleando en ese tema a la fiscalía porque me da miedo, o porque alguien me dice. Pero las mujeres en su situación de vulnerabilidad que se encuentran, si tienen miedo por las amenazas desisten, y por las amenazas no llegan a los tribunales, porque no llegan, porque en realidad tienen miedo.
La consecuencia de esto, es que haya un número menor de denuncias como de juicios por los delitos que cometen los varones a las mujeres.
“Sí tienen mucho temor a que les vayan a hacer daño, de todo eso que les dicen. Sí es terrible, y veo difícil, que se pueda resolver porque en el caso de la violencia, lo que se lleva a cabo, el juicio, la condena es por la violencia en sí. No por las amenazas”.
Expuso que cuando se registran solamente las amenazas, no se procede, las sentencias son nulas en la entidad.
“Por las amenazas solas no proceden los juicios. Por amenazas, casi nadie va a denunciar. Es muy poco el caso, solamente cuando van con la violencia. Bueno, las amenazas también son violencia”.
En este sentido, Gabriela Vázquez Chacón, diputada local por el Partido Acción Nacional, dio a conocer que es necesario considerar la aplicación de un protocolo claro de acción ante cualquier amenaza que denuncie una mujer, porque lamentablemente han terminado en fallecimientos.
“Creo que eso sería lo ideal, iniciar por eso, porque entiendo que es complicado el poder comprobarlo; a lo mejor se detendría a la persona, pero con facilidad podría salir, y ese no es el objetivo. Valdría la pena trabajar en un protocolo, como lo mencionas, o que se le pueda dar la importancia, y que la persona que está realizando la amenaza, también conocer que la autoridad ya sabe y que puede inhibir”.
Otro de los puntos mencionados por la entrevistada fue en el sentido de que es complicado el poder acreditar este delito, pero existen historias de feminicidios y de agresiones a las mujeres en las que fueron desestimadas las amenazas que los agresores realizaron a las víctimas.
“La verdad es que es un tema complicado, porque si nos basamos en realidades, sí podríamos atender el tema de la Fiscalía y de las autoridades competentes, porque sí, el poder comprobarlo, pero ante una situación, ¿qué es lo que pasa? Conocemos historias donde se estuvo amenazando, no se hizo caso a la amenaza y luego terminó en un feminicidio, o terminó en un tema grave. Ante esta situación, la autoridad competente, ante una amenaza, tome cartas en el asunto, antes que algo superior, un delito, pueda surgir.
La legisladora local dio a conocer que es importante que se enciendan las alarmas, pero no en todos los casos se han tomado las medidas necesarias para evitar que lleguen a ser agredidas.
“Entendemos que es difícil el comprobar como tal, pero bueno, también hemos conocido estas historias lamentables, por eso insisto, la autoridad competente tiene que actuar; a lo mejor no de momento lo va a detener por la amenaza, pero sí a lo mejor vigilar, cuidar; un tema de restricción a la persona”.
Por su parte, Óscar Moreno, presidente del comité de Federación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dijo que son pocas las denuncias formales que existen en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dado que también existen datos locales, donde se visualiza de mejor manera la cifra negra.
“Recordemos que estas amenazas han ido creciendo, que no se nos olvide que tenemos 16 municipios con alerta de violencia de género, y la realidad de las cosas es que hay más de 9 mil carpetas de violencia intrafamiliar en el Consejo Estatal de Violencia Contra Mujeres y Niños. Es decir, esas 500 denuncias son muy pocas porque en la realidad se vive más fuerte. Desafortunadamente, es algo que en la sociedad se está dejando de lado; sin quitarle la responsabilidad a las autoridades, es imposible tener un policía dentro de cada casa”.
Indicó que el tema económico es otra de las variables que son un factor para que se desaten las amenazas; tiene que ver con el limitado ingreso en las familias locales, tanto como en el país, lo que agrava la situación de violencia. Y aunque Durango se encuentra en la media nacional, sí es un factor que incide en la violencia.
“Las amenazas están creciendo por la situación de violencia, por la situación del estrés, la pobreza laboral que vive el país”.
David Anaya, especialista en temas de seguridad virtual, dijo que, en su mayoría, las personas que amenazan a otras personas desconocen que es un delito, o lo hacen en momentos en los que pierden el control de las palabras, pero quedan en redes sociales los registros.
daed