En el municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, la policía comunitaria encarceló a una adolescente de 15 años y a sus tres hermanas, porque supuestamente la joven no quiso tener relaciones sexuales con su suegro, quien además reclamó un dinero que pagó por ella para que se casara con su hijo.
De acuerdo con información de los familiares de la menor, Concepción Ventura Aguilar, madre de ésta, denunció la retención de su hija, quien se casó con Rafael Julián.
Éste emigró a Estados Unidos a trabajar y dejó a su esposa bajo resguardo de sus padres, con quienes estuvo trabajando en los campos agrícolas. El problema inició cuando el suegro de Angélica 'N' trató de violarla, por lo menos en cuatro ocasiones.
En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Petra Martínez, tía de Angélica, relató que la menor le explicó a la madre de su esposo lo que ocurría, no obstante, no recibió ningún apoyo, pues la mujer le dijo que su esposo "no era un animal" y que, al contario, le estaba dando de comer y cuidándola.
También relató que Angélica solía dormir en la misma cama que los cuatro menores, pero un día su suegro mandó a todos a dormir en el suelo, menos a Angélica.
"El señor dejó sola en la cama a Angélica para que él pudiera entrar y salir a la hora que quisiera, pero ella no se prestó", explicó.
Tras resistirse a los abusos, Angélica fue echada de la casa luego de ser golpeada bajo el argumento de que "no servía para nada" y que "no era mujer", por lo que la menor decidió huir hacia la casa de su abuela y su suegro procedió contra ella a través de la policía comunitaria de la Casa de Justicia de Dos Ríos.
Se señala que la cantidad que gastaron los padres del novio, al momento de la boda fue de 120 mil pesos, pero ahora el suegro reclama que se le paguen 210 mil.
La policía primero encarceló a la abuela de ella, Petra Aguilar Nava, quien tiene más de 70 años de edad y posteriormente encarcelaron a Angélica.
En el lugar estuvieron retenidas sus tres hermanitas, que son niñas menores de 10 años. Incluso, se señaló que los comunitarios hicieron firmar un pagaré en blanco al padre, para comprometerlo a liquidar completamente la supuesta deuda.
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Policía provoca aborto
Concepción Ventura Aguilar, madre de la menor de 15 años encarcelada, sufrió un aborto de tres bebés debido al maltrato por parte del personal de la policía comunitaria.
La señora, al llevarle comida a su hija Angélica 'N', fue objeto de maltrato, pues el comandante de la corporación la jaloneó y empujó, lo que ocasionó que perdió a sus tres bebés, pues llevaba cuatro meses de embarazo.
Para salvar la vida de la mujer, sus familiares tuvieron que llevarla al hospital de Ometepec con la ayuda de Protección Civil, sin embargo, no lograron salvar a los trillizos.
Los familiares de las víctimas pidieron la intervención de Javier Rojas Benito, secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, para que la menor y sus hermanitas fueran liberadas y se finquen responsabilidades del aborto que tuvo la madre.
Cancelarán matrimonios forzados
El funcionario confirmó que la menor de 15 años que fue encarcelada durante 10 días junto con sus tres hermanitas, ya se encuentra fuera del alcance del agresor y bajo el resguardo de las autoridades.
Destacó además que la Policía de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), se comprometió a no avalar más matrimonios forzados, en los que exista el pago de dinero o la entrega de un bien, menos cuando se trate de menores de edad.
Además del DIF, mencionó que también intervino la Secretaría de la Mujer (Semujer) para tratar de fortalecer el cerco de seguridad en torno a las víctimas.
Aunque prefirió no abundar en el tema, dijo que sí se espera que haya acción legal en contra del suegro de la menor, porque intentó violarla en cuatro ocasiones y derivado de la resistencia es que solicitó que se le encarcelara.
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También, destacó que se investigarán los hechos en los que se generó el aborto de los trillizos, situación que mantiene en el hospital a la madre de las víctimas.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) ya interviene en el caso. El organismo que preside la abogada Cecilia Narciso Gaytán condenó la serie de abusos reportados y aseguró que ya se brindó la atención correspondiente y dio el acompañamiento a las víctimas y sus familiares.
Un perito médico de la CDHEG realizó la valoración médica a la persona lesionada y se realizaron las gestiones necesarias para una atención médica especializada en el Hospital Regional de Ometepec.
IR/EHR