De los 53 centros de rehabilitación o anexos existentes en la ciudad de Torreón, Coahuila, solamente tres cumplen con los lineamientos del Consejo Nacional contra las Adicciones.
El titular de la Dirección de la Prevención Social del Delito de Torreón, Víctor Ramos dio a conocer que durante las revisiones realizadas se ha detectado maltrato físico, emocional, amenazas a internos, alimento en mal estado, además de sobrecupo e instalaciones inadecuadas.
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Lo anterior fue parte del informe que rindió el titular ante regidores de la Comisión de Seguridad Pública, durante la décima sexta sesión y cuyos integrantes son los regidores Alma Lucina Fong Meléndez, Luis Jorge Cuerda Serna, Omar Morales Rodríguez, Blanca Álvarez Garza, Jesús Javier Gómez Ledezma y la Síndica, Mónica Montero Cuéllar.
Víctor Ramos, mencionó además que en lo que va de la actual Administración Municipal, han sido clausurados un total de ocho centros de rehabilitación, por encontrarse en las inspecciones rutinarias, faltas graves a los reglamentos correspondientes o violaciones a los derechos humanos.
Ramos Galindo, dijo que las revisiones a estos lugares son permanentes y acuden también otras dependencias municipales, pues el objetivo es salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran internadas en los diferentes centros de rehabilitación de la ciudad, así como regularizar y poner orden en los mismos, para evitar que sigan operando aquellos que no cumplen con las medidas de seguridad y normas de salud correspondientes.
Informó, que actualmente hay un directorio de 53 centros, de los cuales 17 ya fueron revisados a partir de marzo de este año.
“Encontramos y tenemos fotografías de que las verduras y las frutas que se les imparte en algunos anexos son hechos prácticamente con las basuras de las centrales de abastos; también hemos detectado castigos, amenazas, maltrato físico y emocional”, afirmó.
Además, detectaron sobrecupo en instalaciones inadecuadas y por ello solo 3 de los 53 son los que cumplen con las leyes correspondientes.
En esos casos la dependencia correspondiente levanta el acta, dando oportunidad a que el centro, si opera legalmente, subsane las observaciones, sin embargo, el director informó que cuando la falta es grave, se procede directamente con la clausura, en ese sentido dijo que en lo que va de la actual Administración Municipal, han sido cerrados ocho lugares de este tipo.
Respecto a la población que hay en los centros, el funcionario dijo que fluctúa entre 950 internos aproximadamente, y lamentó que en su mayoría son jóvenes y menores.
El titular de la Dirección de Prevención Social del Delito, finalmente señaló que otro de los aspectos que por ley deben cumplir estos centros para operar, es el de separar a los grupos por edades y por género, es decir, no puede haber población mixta.
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dahh.