Tras acudir a presentar una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHC), los estudiantes 'Frente contra el Alza en el Precio del Transporte Público', informaron que también preparan un amparo contra las tarifas que entraron en vigor ayer.
"Básicamente es una queja interpuesta por estudiantes y ciudadanos por la violación a los derechos humanos al aumentar de manera arbitraria e ilegal la tarifa. Se violó la legalidad del procedimiento y nos comentan que procede la queja para que la tome abogado para comenzar con las diligencias", declaró Caín Meléndez, integrante del movimiento.
Explicó que por ley para interponer un amparo judicial hay un plazo de 15 días después de que entró en vigor el punto a combatir.
"Esta queja la vamos anexar a un amparo de carácter legal que vamos a realizar en conjunto con la sociedad civil y los estudiantes. Por ley tenemos un lapso de 15 días después de que entra en vigor el aumento y en este caso presentaríamos el procedimiento tentativamente la semana que entra".
Consideró que es procedente al tomar en cuenta que el Cabildo de Torreón, se saltó el hecho de que hubiera un dictamen sobre nuevas tarifas.
"El jueves 14 de marzo se llevó a cabo una sesión de la Comisión de Movilidad y fueron presentadas cuatro posibles tarifas al aumento del pasaje, concluyó la reunión y no se hizo ninguna votación como un dictamen al respecto".
Afirmó que la presidenta de ese grupo de regidores, Ana María Betancourt mintió "descaradamente" al declarar que no había fecha para pasarlo al Cabildo en pleno.
"Hemos platicado con regidores de Morena y el PRI nada más para ver el estudio que presentamos, pero en cuestión del amparo tengo entendido que ellos lo harán al interior del Cabildo".
Por su parte, Jaime Rojas, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integrante del frente, exhortó a la población a participar en la marcha que tienen prevista para el próximo viernes a las 13:00 horas, la cual partirá de su institución educativa con rumbo a la Plaza Mayor.
"No podemos quedarnos callados y que se violen los derechos de los ciudadanos. Es un total robo y acto de corrupción de parte del Ayuntamiento de Torreón y los concesionarios".