“¿Qué hubiera pasado si no iban a ese paseo? ¿O si el tren hubiera venido más despacio en el crucero, a sabiendas que no había plumas ni había nada?”, se pregunta, en medio de su tristeza, la señora María de la Luz Jiménez cuando recuerda lo que ocurrió la tarde del sábado 12 de marzo de 2016, hace cuatro años y medio. Ese día, sus hijos Luz Georgina y Óscar Octavio, sus nietas Cassandra y Monserrat y su nuera Norma Elena, decidieron ir a comer a la playa El Caimanero, a poco más de una hora de Mazatlán, Sinaloa, en donde ellos vivían. Pero la alegría de esa tarde se tornó en tragedia.
Ya iban de regreso cuando, en el crucero de un pueblo llamado El Walamo, a media hora de su casa, un ferrocarril de la empresa Ferromex arrolló la camioneta en la que viajaban los tres adultos y las dos niñas.
Los cinco murieron en ese lugar en donde no había señalización: ni un semáforo, ni una barrera, ni una campana, nada que indicara que en ese momento el tren venía a toda velocidad.
Un caso similar había ocurrido tres meses antes: el 22 de diciembre de 2015, un ferrocarril arrolló un camión en el que viajaban obreros de una fábrica de cerámica, a las afueras de Mazatlán.
Ese día, cuatro personas perdieron la vida.
El caso de la familia de la señora María de la Luz es uno de los 17 expedientes que, desde hace cinco años, los abogados de la Alianza de Víctimas del Estado en México mantienen abiertos ante los juzgados civiles del estado de Sinaloa en exigencia de que Ferromex, como concesionaria de la vía férrea, haga valer su póliza de seguro e indemnice a los deudos de las víctimas del ferrocarril.
Los 17 expedientes acumulan 25 muertes ocasionadas por el ferrocarril.
“Sabemos que las muertes se han registrado históricamente desde que el tren pasa por Sinaloa, nada más que nosotros los tenemos documentados desde hace cinco años; cuando empezamos a acercarnos a la gente y a defenderlas, se creó la Alianza de Víctimas”, platica Felipe Gaxiola, uno de los abogados, quien explica que a lo largo del estado hay al menos 24 cruceros sin señalización o peligrosos porque no funcionan, lo cual agrava la situación.
“Si al momento de ver los aditamentos, los semáforos no se prenden, no baja la pluma, te incita a caer en el error, te hace un falso negativo, dices ‘es un cruce seguro, la pluma no se prende, el semáforo está apagado, me está diciendo siga, es un cruce seguro’. Yo tengo la seguridad, cruzo las vías y me arrolla el ferrocarril”, detalla Gaxiola.
De los 17 casos que la Alianza ha litigado, precisamente el de la familia de la señora María de la Luz es el que ha tenido mayores avances.
Pese a la resistencia de algunos jueces del estado para aceptar tomar el caso, el 10 de abril de 2019, la juez Mariel Sánchez Ochoa, del Juzgado Cuarto Civil de Sinaloa, dio la razón a los abogados y a los deudos y emitió una sentencia condenatoria en contra de la empresa Ferrocarril Mexicano, SA de CV (Ferromex) y del chofer del tren, José Manuel A., que arrolló a la familia Chávez.
“Están obligados a la reparación del daño que nace de la responsabilidad civil extracontractual, derivada del accidente ocurrido el 12 de marzo de 2016… Por ende, se condena a la empresa demandada al pago de la indemnización material; también se le condena al pago de los gastos funerarios erogados, así como al pago de una indemnización a título de reparación moral”, dice la sentencia de la juez.
El principal argumento de la juez lo sustentó en el artículo 1797 del Código Civil del estado, con el que determinó que las responsabilidades de las muertes fueron de Ferromex y de su chofer, por ser quienes operan la locomotora, la cual es un “objeto en sí mismo riesgoso, tanto por su peso como por la velocidad que desarrolla”.
Sin embargo, la etapa de ejecución de sentencia, en la que se fijaría el monto de la indemnización, sigue pendiente a causa de la pandemia de covid-19, y antes de que pudiera fijarse la cifra a pagar, la empresa Ferromex apeló la sentencia condenatoria en su contra ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en donde el caso fue turnado al magistrado Juan Zambada Coronel. El caso sigue abierto.
En tanto, el resto de los expedientes también avanza, pero lento: y“a se logró instaurar la competencia en el Poder Judicial del estado, se ha logrado notificar a todas las partes y ahorita están pasando en la etapa de pruebas”, explica Gaxiola.
Confía en que la primera sentencia a su favor deje un precedente que los demás jueces tomen en cuenta.
Piden señalización
La lucha de los abogados y de las familias no sólo es por la indemnización.
El reclamo es también que Ferromex se haga responsable de la señalización y la infraestructura que ésta necesite para evitar más accidentes mortales y de no hacerlo, han pedido, incluso en una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se le retire la concesión.
“Ellos tienen una concesión, que adquirieron en 1997, y esa concesión va acorde con la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la cual dice en su artículo 31 y 53, que el único encargado del mantenimiento y conservación de las vías y de todas las instalaciones de seguridad es la concesionaria; la concesionaria es la que debe tener eso funcionando de manera plena”, afirma el abogado.
Fuentes de la industria ferroviaria opinaron en sentido contrario; afirman que las demandas se han convertido en una lucrativa actividad para grupos de abogados que buscan generar acuerdos colectivos y obtener reparaciones millonarias, pese a que la responsabilidad legal no recae en la empresa que opera el tren.
Al respecto, consultada por MILENIO, Ferromex explicó en una tarjeta informativa que la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el Reglamento del Servicio Ferroviario “son muy claros al establecer que la responsabilidad de la señalización y el mantenimiento de un cruce ferroviario corresponde al permisionario al que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le concedió el permiso para realizar el cruzamiento, no al concesionario del servicio ferroviario”.
Además, Ferromex asegura que “el ferrocarril tiene preferencia de paso en todos los cruces a nivel en el territorio nacional, en razón de que es materialmente imposible detener su marcha de manera súbita o en distancias cortas. Este hecho se expresa en las disposiciones de prácticamente todos los reglamentos de tránsito del país”.
Por ello, agrega, “cuando los conductores de autos o camiones deciden intentar ganarle el paso al tren corren un elevado riesgo, muchas veces no lo logran y generalmente la responsabilidad por los daños y fatalidades acaban siendo imputables a ellos, por la negligencia y la culpa inexcusable de su actuar”.
Pero ante esa postura institucional, la señora María de la Luz tiene una respuesta: “no se me hace creíble que alguien se arriesgue a cruzarse si el tren ya viene; entonces, siempre digo lo mismo: si hubiera las plumas, si estuviera cerrado el peso, si el tren disminuyera su velocidad, no los impactaría”.
Pese a su negativa a responsabilizarse por la señalización, en Mazatlán y Culiacán, Ferromex sí ha colocado aditamentos de seguridad, sobre todo después de la sentencia que se dictó en su contra. Pero faltan muchos más.
ledz